El juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y a su partido sucesor, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), por caso del 3%, de presunta financiación ilegal de CDC mediante licitaciones de obra pública.
Los principales acusados en este caso son los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Andreu Viloca, y el exgerente del partido y exconsejero de Justícia Germà Gordó. En total, Pedraz ha acordado enviar a juicio a 30 personas físicas -sumando políticos, empresarios y funcionarios públicos-, y a 16 personas jurídicas.
Viloca afronta la mayor petición de pena de prisión, ya que la Fiscalía Anticorrupción pide para él 21 años y cuatro meses de condena. Osàcar, que ya fue condenado por otro asunto sobre la financiación irregular del partido, el caso Palau, afronta una posible condena de año y medio de prisión o, como alternativa, trabajos en beneficio de la comunidad, después de haber colaborado con la investigación.
Ése es también el caso de una decena de personas, entre ellas Francesc Sànchez, exsecretario económico de CDC, para quien la Fiscalía pide una pena, también rebajada, de un año de cárcel. En cambio, Anticorrupción plantea una pena de 18 años y 10 meses para Gordó.
La Fiscalía, asimismo, reclama que se imponga una multa de 3 millones de euros a CDC y PDECat, un partido al que considera una «mera transformación o cambio de apariencia» con «la finalidad de desconectarse de las responsabilidades que que pudiera haber incurrido» CDC. Según la estimación del Ministerio Público, los ingresos obtenidos por CDC mediante la operativa investigada en este caso representan un 11,5% de su financiación privada y un 7,7% del total de su financiación en el período 2008-2012, durante el cual el líder del partido, Artur Mas, fue elegido presidente de la Generalitat.
A partir de ahora, los abogados de las personas físicas y jurídicas enviadas a juicio disponen de tres meses para presentar sus escritos de defensa. La Fiscalía ha concluido, sobre unos hechos que describe como «una actuación sistemática», que son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a la administración, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
