Sólo Joan Laporta es capaz, como prometió, de volverlo a hacer. En este caso, de volver generarse otra plusvalía artificial y beneficiarse contablemente de uno de sus inventos financieros para que luego sea otra administración la que pague los platos rotos sus imprudencias. La amenaza de otro pelotazo con final dramático proviene ahora de Can Rigalt, de la triste y ruinosa historia de una venta de terrenos, oportunista y pésima en verano de 2005 por parte de la junta de Laporta, con la única finalidad de ahorrarse la obligación de avalar. El nuevo episodio, 17 años después, ha consistido en darse una plusvalía por la revalorización de unos terrenos que, con el mismo truco contable, deberá se rebajada cuando Laporta ya haya dejado el club otra vez seco y endeudado.
Para entender por qué esta artimaña tendrá un fatal desenlace, debe recordarse que la broma de vender Can Rigalt en 2005, con un beneficio de 28,6 millones de euros para cubrir el aval preceptivo de Laporta en el ejercicio 2005-06, le costó al Barça pagar 47 millones en 2017, siendo ese coste sólo una parte de los que habrá de afrontar en el futuro e inevitablemente, sobre todo ahora que ha vuelto poner en marcha la rueda catastrófica de la especulación y el cortoplacismo.
De momento, en la memoria de 2021-22 aparecen 15 millones de una revalorización mágica, sorpresiva y caprichosa, de enorme riesgo en otra de esas libertades que el nuevo auditor le ha permitido a Laporta, sobre unos terrenos que al club le va mejor que sigan aletargados vista la experiencia. Lo mismo que con los terrenos de Viladecans, adquiridos por 17,5 millones en su día y devaluados hoy en los libros de contabilidad a apenas 5 millones.
Los hechos que presumen el peor de los finales ocurrieron, resumidamente, cuando, tras las dimisiones de Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Javier Faus y otros directivos, la junta se vio en la tesitura de avalar el 25% del presupuesto de la temporada 2005-06. Ni Laporta ni Ferran Soriano y mucho menos Rafael Yuste y compañía estaban para cubrir esa garantía ni tampoco dispuestos a jugarse su patrimonio personal.
Fue entonces cuando, aprovechándose de esta debilidad y de esta urgencia, el alcalde de L’Hospitalet de Llobregat de entonces, Celestino Corbacho, envenenó sus almas, su vanidad y su bolsillo ofreciéndoles recalificar como suelo residencial los terrenos de Can Rigalt. Los propietarios de esa zona de equipamientos, entre ellos mayoritariamente el propio Ayuntamiento, FECSA (hoy Endesa), Sacresa, una importante inmobiliaria y el FC Barcelona, aceparon diferentes condiciones particulares por el cambio de uso pues L’Hospitalet pretendía mover y ampliar el Hospital (Cruz Roja) de Pubilla Cases y forzar la construcción de una nueva y moderna central eléctrica.
Laporta en concreto firmó, a cambio, entregar los terrenos urbanizados y financiar aproximadamente un tercio de la estación, mientras que Sacresa, por su parte, ampliaba sus terrenos con la compra de las parcelas sobrantes de FECSA por un precio fijo destinado íntegramente a financiar otra parte de la estación.
Laporta cerró inmediatamente la venta de una parcela del 33% de su finca a La Llave de Oro cuando ni siquiera se había iniciado la MPGM correspondiente. La plusvalía obtenida salvajemente fue excepcional pues del pago de 35,4 millones sólo se descontaron unos pocos millones valorando a la baja los costes urbanización y el valor de compra, la parte proporcional, de apenas 1,6 millones del total.
Perversamente, el contrato no registró compromiso alguno de fecha de entrega ni tampoco -lo que fue un pseudoengaño al auditor, como ahora- los gastos proporcionales asociados a la construcción de una central eléctrica de última generación. Se calcula que el Barça deberá abonar una cantidad de aproximadamente 40 millones entre costes de urbanización y su participación obligada en financiar la estación distribuidora.
La historia se repite con la idéntica mecánica, los mismos pasos en falso y los embustes legales que el auditor seguramente no ha podido percibir y corregir antes de admitir una revalorización de este calibre.
La devolución de La Llave de Oro mediante un laudo, que obligó al club a la recompra por 35,4 millones más 11,6 millones de intereses, significa que el FC Barcelona sigue teniendo en propiedad 55.000 hectáreas recalificadas como suelo residencial, pero con la obligación de asumir la urbanización íntegra de las parcelas, una parte sustanciosa de la central eléctrica -cuanto más se retrasa su construcción más aumenta su parte de la inversión-, la amortización de esos 11,6 millones de intereses y los 3 millones pagados en su día por unos terrenos en Gavà (70.000 hectáreas) que Laporta regaló a beneficio de todos los propietarios para compensar la pérdida de equipamientos como consecuencia de la recalificación. Si se diera valor actual a esos terrenos dados para evitar que el propio Laporta hubiera de recomprar la finca las pérdidas de la operación serían incalculables. El Barça también asumió la restauración de la Masia de Can Rigalt que habría de añadirse a los gastos enumerados.
Lo que Laporta ha hecho ahora es tener conocimiento de los planes de la alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marín, de revitalizar la construcción del nuevo hospital, una inquietud política que desde luego tiene que ver con las elecciones del año próximo y que no es disociable de todo el resto, o sea de la puesta en marcha de una junta de compensación y la activación urbanística que ha de facilitar también la transformación de la actual vetusta y peligrosa estación eléctrica que aún sigue funcionando como hace más de cincuenta años.
El diario Ara ha publicado estos días una parte de esa información que, desde la junta de Laporta, se ha confirmado y trasladado confusamente y manipulada de forma que ahora parezca que sea el actual presidente quien se haya puesto manos a la obra para desencallar y revalorizar esos terrenos.
Resulta indudable que el presidente Josep Lluís Núñez acertó en su día al comprar los 55.000 m² de Can Rigalt por 1,4 millones, en principio para construir una pequeña Ciutat Esportiva a la espera de que la Generalitat desbloqueara los permisos de Sant Joan Despí.
Por la venta de una parcela, un tercio del techo posible, Laporta obtuvo una plusvalía de 28,6 millones. Un negocio urbanístico al que no se pudo resistir cuando le tocó avalar 26 millones la temporada 2005-06. Todo lo contrario de lo que opinó en su cuando Núñez adquirió los terrenos, una operación que calificó de “imprudente” porque “los terrenos carecen de la recalificación urbanística necesaria como equipamiento deportio”. Laporta reivindicó en aquel primer momento que se restaurara su condición de parque y de zona verde para los vecinos.
Laporta, además, debió aprobar dos veces en junta la operación de Can Rigalt, pues con las prisas antes del 30 de junio e 2005 lo hizo con menos de 14 directivos, circunstancia que invalidó el acuerdo. A los pocos días, ya en julio de 2005 y tras proveer los cargos de junta suficientes, volvió a registrar la venta. Aún así, se dio los beneficios antes del cierre de junio de 2005.
Nada bueno puede pasar cuando Laporta, de pronto, remueve el pestilente pasado de Can Rigalt para darse, de pronto, un beneficio contable inesperado e injustificado. El tiempo volverá a ser implacable en perjuicio del Barça, de la institución, cuando Laporta ya no esté.
