El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha evitado entrar en detalles este martes sobre avances en la reforma del delito de sedición, pero ha negado categóricamente que se esté produciendo un intercambio de cromos con el ejecutivo central que mezcle las negociaciones sobre los presupuestos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, la portavoz Patrícia Plaja ha reiterado que la sedición y los presupuestos corresponden a «carpetas separadas» que «se gestionan, se hablan y se negocian por separado».
De hecho, ha desvinculado ambas cuestiones cuando ha dicho que «no tiene nada que ver» abordar la reforma del delito de sedición con el papel que pueda tener el PSC en la aprobación de los presupuestos.
Plaja ha evitado aclarar si el gobierno catalán prefiere la supresión o la modificación del delito de sedición, y tampoco ha especificado si el ejecutivo central aborda la cuestión contando con el visto bueno de la Generalitat a través de la mesa de diálogo.
La portavoz, eso sí, ha dicho que el gobierno de España «sabe perfectamente qué debe hacer sobre este tema» y ha indicado que «el acuerdo de finales de julio marca finales de año» como fecha límite para abordar lo que el independentismo denomina «la desjudicialización del conflicto político».
En cuanto al informe desfavorable del Departamento de Acción Climática de la Generalitat sobre el macroproyecto de ocio y turismo de Hard Rock en Vila-seca y Salou, que cuenta con el apoyo del gobierno catalán, la portavoz ha respondido, en sintonía con los alcaldes de la zona, que «se hará y se hará bien».
