La junta de Joan Laporta ha reaccionado con extrañeza a las revelaciones sobre las exigencias de Leo Messi para renovar su contrato con el Barça un año antes de su finalización, el 30 de junio de 2021. En una nota hecha pública bastantes horas después de que la primera entrega de El Mundo impactara a escala nacional e internacional -es decir, con la digestión bien hecha-, ha expresado su “indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial”.
Este primer párrafo ya da bastantes pistas sobre la desorientación y dudas de Laporta sobre un asunto que no debería ser especialmente delicado, pues en la mayoría de las informaciones los detalles de las exigencias de Messi para esa renovación que nunca llegó ya eran vox populi mediáticamente. El Mundo hace públicos documentos internos que deberían ser reservados y secretos, puesto que están sujetos a las cláusulas de confidencialidad propias de este tipo de negociaciones.
La parte en la que subraya que, condicionalmente, esos documento formarían parte de una instrucción judicial es la que, con habilidad y con ese don laportista único para la manipulación, desvía el foco del verdadero origen de esta violación de los archivos documentales del FC Barcelona. “El Club lamenta también que el medio alardee de haber tenido «acceso a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que están en poder de la investigación del Barçagate» cuando estas informaciones y documentación todavía no han sido compartidas con las partes”.
En realidad, el único mérito del diario El Mundo, como ha reconocido uno de los periodistas firmantes del artículo, se limita a haber recibido una filtración cuyo responsable finalista no puede ser otro que los Mossos d’Esquadra. Concretamente, los mandos del cuerpo policial que en la primavera de 2020, coincidiendo con las elecciones en el FC Barcelona, irrumpieron en las oficinas del club y en los domicilios y oficinas del expresidente Josep Maria Bartomeu, el ex-CEO Òscar Grau, el exasesor Jaume Masferrer y el exjefe de los servicios jurídicos Roman Gómez.
A diferencia de la Guardia Civil, que había iniciado la instrucción del caso Barçagate y copiado los archivos correspondientes o susceptibles de interesar a la investigación, la entrada y registro realizado por los Mossos d’Esquadra, sospechosamente sin orden judicial -o sea, por su cuenta y riesgo-, se saldó con una retirada masiva de discos duros con millones de documentos sin orden ni justificación relativa a la supuesta trama del contenido de cuatro cuentas de Twitter promovidas contra la oposición a la directiva de entonces.
Una entidad seria, coherente y verdaderamente interesada en la defensa de los derechos del FC Barcelona no mataría al mensajero, al diario El Mundo, en una situación de extrema vulneración documental de sus archivos que, como apunta la airada protesta del equipo legal de Laporta, sitúa equivocada y malintencionadamente en manos de la custodia de la justicia.
También es una afirmación incorrecta y desviada, pues al juzgado solo pueden haber ido a parar aquellos documentos directamente relacionados con la única causa abierta (Barçagate) que había justificado el primer registro ordenado por la jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
En esta misma situación, aunque los Mossos hayan actuado por libre y sin mandato judicial, el material publicado por El Mundo, a diferencia de lo que insinúa el comunicado de Laporta, no se encuentra en ningún caso en poder de la jueza. Por su propia naturaleza, los archivos que han acabado en la redacción del periódico sólo pueden seguir estando donde han permanecido desde hace un año y medio: en la unidad de los Mossos responsable del análisis y cribado del material informático replicado de esas entradas en el club y del resultado de rebuscar en los cajones de los investigados.
La versión oficial de la junta así lo admite y confirma cuando remata el comunicado con un párrafo clarificador, siempre que se lea entre líneas sobre los correos electrónicos y documentos, que “…están en poder de la investigación del Barçagate cuando estas informaciones y documentación todavía no han sido compartidas con las partes”.
Y no pueden ser compartidas por las partes, efectivamente, porque ni la negociación con Messi, finalmente frustrada y resuelta con un burofax, ni el próximo capítulo dedicado a Gerard Piqué guardan relación alguna con esa instrucción. Ni ahora ni tampoco más adelante. La intencionalidad de la nota, no obstante, resulta ciertamente inteligente y cumplirá de sobras con la finalidad de señalar al diario El Mundo de cometer un presunto delito de revelación de secretos. Al menos así lo interpretó la mayoría de la prensa una vez que desde la junta se dirigió la corriente de opinión en esta dirección.
La verdad, o la mentira, de esta historia tiene las patas muy cortas, porque la policía autonómica es la única tenedora de esos documentos reconocidamente obtenido bajo paraguas del Barçagate.
Esta es la razón, la única posible, por la que Joan Laporta saltaría al ruedo para defender de algún modo la gestión de Bartomeu, que no aceptó las extremas pretensiones de Messi para renovar. Laporta lo ha hecho para proteger a los Mossos d’Esquadra y, de paso, aparentar que también defiende el derecho a la intimidad y confidencialidad del entorno de Leo, de su padre Jorge y de su abogado.
En cuanto al hecho de anunciar que desde el club se estudian acciones legales cabe preguntarse contra quién. ¿Contra los Mossos? No lo parece.
