El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha mantenido que al menos un 25% de las clases en dos escuelas catalanas debe impartirse en castellano, ya que ha rechazado una petición de medidas cautelares formulada por el Departamento de Educación de la Generalitat para que, a raíz de la nueva ley sobre el uso de las lenguas en la enseñanza, retirara el porcentaje.
La resolución, conocida este jueves, afecta a dos escuelas, ubicadas en Vila-Seca y El Prat de Llobregat, donde el mínimo del 25% en castellano ya se aplicaba cautelarmente, y se ha adoptado a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley catalana, cuya aprobación ha frustrado la aplicación generalizada del porcentaje.
La sala contenciosa del TSJC ha rechazado la petición de la Generalitat considerando que el marco general establecido por la nueva ley no incide instantáneamente sobre «situaciones jurídicas individuales ya reconocidas». En ese sentido, aduce que el castellano está reconocido como lengua de uso educativo en la nueva normativa y que el derecho a recibir educación en castellano tiene base constitucional y también lo reconoce la legislación básica estatal.
Además, el TSJC advierte a la Generalitat de que no puede intervenir contra las medidas cautelares vigentes, especificando que «sólo el tribunal» puede dar esa orden.
