Si por culpa de la pandemia Laporta difiere el pago de más de 100 millones a los futbolistas del primer equipo, entre ellos a Leo Messi, al que echó del Barça hace un año, eso se considera una sabia y prudente decisión económica. Si lo hace Bartomeu mediante una reducción de urgencia y un aplazamiento a cobrar en los próximos años, cuando la situación mejore y se recuperen los ingresos, dos medidas absolutamente idénticas e igual de legales en el fondo y en la forma, entonces se atisban y se revelan claros indicios de criminalidad por parte de la prensa.
Por si alguien no se ha dado cuenta, la totalidad de la prensa, de forma coral y unánime, se ha dedicado a distraer esta semana el foco de la atención sobre el verdadero drama y ridículo en el que anda metido Laporta, incapaz de haber inscrito un solo fichaje o renovación a cuatro días del inicio de la Liga.
Ha sido, efectivamente, el cuerpo mediático al servicio de la junta quien ha lanzado la mayor campaña de extorsión jamás vivida contra los propios jugadores del club, amenazándoles con denunciar y anular sus contratos después de señalarlos como cómplices alevosa y clandestinamente organizados para saquear el club en connivencia satánica, cómo no, con Josep Maria Bartomeu.
No lo ha hecho, en cambio, la junta, o sea el club, ni de un modo oficial ni oficioso, pues nadie desde dentro, lógicamente, se ha atrevido a airear o insinuar esas mismas presuntas irregularidades criminales, corrupción entre particulares, estafa o como se las quiera llamar atribuidas por los medios a la ampliación de los contratos de Frenkie de Jong, Piqué, Lenglet y Ter Stegen en su momento, octubre de 2020, en plena incertidumbre económica por el terrible impacto Covid. Ni a Laporta ni nadie en su nombre o en el del FC Barcelona se le ocurriría hacerlo por la sencilla razón de que no existe ningún fundamento legal ni mucho menos pueden acabar esos contratos en manos de la Fiscalía si no quieren poner en ridículo a la institución, a los abogados del club y al Compliance Officer que los revisó, a los asesores y representantes legales de los futbolistas, a LaLiga que los validó a través de sus servicios jurídicos, a los auditores del club y finalmente a las consultoras especializadas que, ya bajo el mandato de Laporta, realizaron con un coste muy elevado por sus servicios, normalmente infalibles, una Due Diligence y un Forensic con la única misión y objetivo de detectar las fechorías de la junta de Bartomeu, esas que duermen desde hace seis meses en un cajón de la Fiscalía Provincial de Barcelona sin ninguna perspectiva de ser activadas.
En su momento, los cuatro futbolistas aludidos fueron acusados por el vestuario de blandos, de colaboracionistas con la junta y de traicionar a sus compañeros por haber cedido a la grave situación planteada y no haberse negado, como el resto, capitaneado por Messi y Suárez, a rebajarse las condiciones económicas a la espera de mejores tiempos. ¿No resulta bastante contradictorio?
Laporta ha dejado el asunto en manos de la ‘gestapo’ periodística liderada por el inefable Lluís Mascaró (Sport), siempre obediente y sumiso a las consignas recibidas desde el área de comunicación del club, en este caso con una desesperada y vergonzosa filtración que sólo tiene como objetivo el acoso y la extorsión a esos cuatro jugadores para que antes del domingo acepten una rebaja de sus legítimas condiciones salariales. Así lo explica el primero de los policías del laportismo: “Las renovaciones que Bartomeu perpetró la noche del 20 de octubre del 2020, después de un partido de Champions, fueron sorprendentes. La ampliación de los contratos de Ter Stegen, Lenglet, Piqué y De Jong se efectuó, además, con premeditación y alevosía. Unas renovaciones que la actual junta que preside Laporta, después de analizarlas durante varios meses con un bufete de abogados, considera que pueden ser constitutivas de delito porque han supuesto un sobrecoste de 311 millones de euros. De hecho, el club está estudiando llevar el caso a la Fiscalía por presunta administración desleal. Una vez más, la gestión de la anterior directiva se encuentra bajo sospecha. Bartomeu defiende su actuación, pero resulta vergonzoso comprobar cómo se malgastaba el dinero de la entidad blaugrana. Y tan indecente es la actitud irresponsable del anterior presidente como la complicidad de los jugadores afectados, que aceptaron estos nuevos contratos desorbitados sabiendo, como sabía todo el mundo, que eran absolutamente desproporcionados y estaban fuera de mercado”.
Cualquier abogado al que no le tiemblen las piernas cuando le nombran a Joan Laporta admitiría un millón de veces más indicios de delito en la venta de activos como el blockchain, NFT y metaverso bajo la etiqueta de Barça Studios, una operación en trámite de impugnación por un grupo de socios, que en los contratos presuntamente corruptos.
Laporta sólo ha pretendido embaucar a los socios, como siempre mediante su astucia habitual para la manipulación y el embuste a la opinión pública. Lo primero, impedir en esta esta semana trágica el runrún de la vergonzante agonía que supone no poder inscribir jugadores pese a los 700 millones de ingresos avanzados y quién sabe cuantos millones perdidos (1.200 solo por los derechos de televisión) con la venta de activos a la baja y sometido a la presión que él mismo ha provocado. Lo segundo, además de distraer la atención, presionar indecentemente a sus propios jugadores con ese martillo mediático, una política de puro terror y amenazas con la esperanza de que acepten una rebaja. Y, por último, disponer de una especie de colchón, excusa o de varios culpables, con nombres y apellidos, por si las cosas se tuercen en el último minuto.
Una hipocresía más como la de aludir a diferencias de interpretación con LaLiga sobre los criterios contables que definen el margen salarial cuando es tan fácil como calcularlo mediante las pautas y el formulario común y único para todos los club. Laporta intentó hacer trampas y lo pillaron.
Finalmente, sólo por poner un ejemplo, los sesudos abogados y periodistas del cada vez más podrido entorno del club, el políticamente dominante ahora mismo, haría bien en analizar el contrato de Ansu Fati, que fue blindado por Bartomeu al cumplir los 18 años en otoño de 2021. Un año después, coincidiendo con la llegada de Laporta al poder y el acuerdo particular del futbolista con su nuevo representante Jorge Mendes, Ansu Fati vio sensiblemente mejoradas sus condiciones, con un contrato creciente, por supuesto, y eso a pesar de no haber jugado un solo partido en ese periodo y haber estado sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas. Si ese contrato es legal y legítimo, como nadie pone en duda, los de Lenglet, Piqué, De Jong y Ter Stegen pueden exhibirse en el Museu.
Sólo un futbolista parece dispuesto a negociar esta situación, Gerard Piqué, quien casualmente tiene un último año de contrato (2024-25) con un salario excepcional y un bonus final de carrera de 10 millones que se activa sólo si juega el 60% de los partidos de esta temporada. A él, que se sabe suplente por boca de Xavi y por el coste de Koundé, le conviene pactar para seguir ganando más dinero del que hoy tiene firmado. ¿Quiénes son los ilusos en este cuento? La prensa tiene casi todos los números.
