Cosidó protegió al emérito vetando indagaciones en cuentas ‘catalanas’ de Andbank

Villarejo obtuvo un CD con datos que pretendían "desmontar todo el tema independentista"

    El excomisario José Manuel Villarejo y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó

    El exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, prohibió al excomisario José Manuel Villarejo investigar las cuentas que 3.000 catalanes tenían en el Andbank de Andorra para evitar que las indagaciones pudieran afectar a Juan Carlos I. El 2017, en una conversación entre Villarejo y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha publicado el digital Fuentes Informadas, el excomisario explica a Cospedal que el veto de Cosidó para proteger al rey emérito evitó descabezar al independentismo catalán puesto que, según Villarejo, gran parte de estas cuentas de Andbank pertenecían a figuras del movimiento independentista.

    «Si tú vieras el mal que ha hecho Cosidó. El 2014, tenía dos informaciones de la hostia: una, el Andbank, donde había miles de cuentas españolas, de las cuales 3.000 eran catalanas. Un tipo con un CD nos daba, lo pasó y tal. En un momento determinado, con una de las cuentas del emérito, el Cosidó dijo: ‘Esto no se puede tocar, que puede afectar a…’. Era desmontar todo lo tema independentista», explica el excomisario a Cospedal.

    Una vez se descartó investigar a Andbank porque Juan Carlos I tenía una cuenta, la policía patriótica habría recibido luz verde para presionar a la Banca Privada de Andorra (BPA) con el objetivo de obtener información de líderes políticos catalanes como Artur Mas, Oriol Junqueras y el clan Pujol. De hecho, amenazaron a la BPA de denunciarla ante el FinCEN -la policía financiera de los Estados Unidos- por blanqueo de capitales si no les daba la información, hecho que se cumplió y que causó la intervención de la entidad financiera por parte del gobierno andorrano.

    La justicia de Andorra investiga ahora al expresidente del gobierno español y exlíder del PP Mariano Rajoy y a dos de sus ministros, Cristóbal MontoroJorge Fernández Díaz, por supuestas presiones a la BPA, mientras que los hermanos Cierco -antiguos propietarios de la entidad- reclaman por la vía judicial a los gobiernos de Andorra y de España una indemnización de 642 millones de euros por daños y perjuicios.

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