El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha pedido citar a declarar como investigados a cuatro altos cargos del Departamento de Salud por los retrasos en la vacunación contra el covid de los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña. La justicia ha aceptado así la querella presentada por Jucil -asociación profesional de la Guardia Civil- y por Jupol -el sindicato mayoritario de la Policía Nacional- contra la actual secretaria de Salud Pública y antes subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas; la directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón; el director de Servicios del Departamento, Xavier Rodríguez; y el director del CatSalut, Adrià Comella.
Los sindicatos policiales ya demandaron a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los retrasos en la vacunación, y la justicia les dio la razón sentenciando el pasado diciembre que la Generalitat discriminó a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la campaña de vacunación contra el covid. Por otro lado, este mes de mayo, el Tribunal Supremo rechazó admitir el recurso presentado por la Generalitat contra la sentencia, ratificando así las conclusiones del TSJC.
«La sentencia no sólo nos daba la razón, sino que además a ojos de la justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha sorteado y ha incumplido de forma incuestionable sus obligaciones poniendo excusas», ha manifestado la secretaría provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico. El sindicato policial considera «triste que sólo a través de las decisiones adoptadas por los tribunales se logre para el colectivo de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña la atención sanitaria que en el resto de España es universal e igualitaria para todos los ciudadanos», y pide que se depuren responsabilidades entre los cargos de Salud.
