El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avalado que el uso del programa Pegasus por parte del CNI en 18 casos de intervención de comunicaciones a figuras del independentismo se ajustó a la ley y a la Constitución.
En particular, en un comunicado emitido este miércoles, el Defensor del Pueblo concluye, sobre los documentos clasificados que ha analizado, que «responden a lo que era preciso saber sobre este asunto», y, más concretamente, a lo que debía contrastarse sobre el cumplimiento de la ley que regula el CNI, en lo que respecta al control judicial previo de las intervenciones de las comunicaciones.
En cuanto al visto bueno judicial a estas intervenciones, otorgado por el Tribunal Supremo al CNI, Gabilondo ha constatado que los autos fueron «extensamente motivados», que el magistrado dispuso de un «elevado grado» de detalle en la información a partir de la cual adoptó sus decisiones, y que existe un protocolo que articula la relación entre el CNI y el Supremo, así como una normativa interna en la agencia de inteligencia para evaluar este procedimiento.
Aparte de eso, el Defensor del Pueblo también plantea la necesidad de reflexionar sobre si el control judicial previo es suficiente ante la evolución de las tecnologías. En resumen, indica que «no es lo mismo la interceptación de comunicaciones en 2022 que en 2002», cuando se aprobó la ley que regula el CNI, incluido el control judicial previo a la intervención de comunicaciones, y que «ni significará lo mismo en unos pocos años».
