El Ministerio de la Presidencia amplió con carácter de urgencia el número de teléfonos móviles de altos cargos del gobierno central cinco meses después de que los móviles del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hubieran sido infectados con el programa espía Pegasus. Según avanza Vozpopuli, la orden del ministerio de Félix Bolaños amplió de 185 a 300 los terminales del ejecutivo y de la administración central que tenían que ser protegidos con el sistema de seguridad COMSec a través de la empresa Indra, compañía que ha desarrollado este programa que protege las comunicaciones de los equipos a través de la encriptación de las conversaciones.
El ministro Bolaños aseguraba que no se había descubierto la infección con Pegasus de los móviles de Sánchez y Robles hasta la semana pasada, pero su ministerio firmó el contrato de ampliación con Indra el noviembre del 2021, poco más de cinco meses después de que el teléfono de Sánchez hubiera sido ataca por Pegasus, en concreto los días 19 y 31 de mayo de 2021. El contrato con Indra apunta que «el sistema COMSec permite a la administración disponer de un sistema seguro de comunicaciones sobre redes móviles no seguras proporcionando protocolos de seguridad muy avanzados con el fin de proteger la privacidad de los datos en circulación con encriptado certificado por el Centro Criptográfico Nacional alcanzando voz, video, texto, archivos, conferencias y que es compatible con los sistemas centralizados de comunicaciones que gestiona la UTIC (Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)».
Según el documento firmado entre el Ministerio de la Presidencia y Indra, la responsabilidad de los móviles del gobierno central depende del ministerio que ahora dirige Bolaños. El contrato dice que «la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia del Gobierno tiene asignada la responsabilidad, entre otras, de suministrar, configurar y mantener los dispositivos y servicios de comunicaciones de los altos cargos de Presidencia del Gobierno y otras entidades».
El documento añade que «una de las tareas fundamentales es la atención del Servicio Especial de Comunicaciones para altos cargos de la Administración General del Estado, que implica la configuración y mantenimiento de los dispositivos móviles de estos usuarios. Entre los servicios prestados se encuentra el sistema de comunicaciones seguras COMSec desarrollado a medida para garantizar la confidencialidad de las transmisiones de voz y datos con un sistema de cifrado específico».
Se ha sabido que a pesar de que el contrato se negoció sin publicidad, el precio fue de 38.700 euros en el año, a razón de unos 337 euros por terminal móvil, con un mantenimiento a un coste de poco más de 29.900 euros. La adjudicación total tiene un coste de 106.672 euros desde el 15 de noviembre de 2021 y una duración de dos años. Con este contrato, Indra se compromete a «guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los cuales tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato» y que «estando obligados a no hacerlos públicos y no alienar ninguno de los datos que conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual».
