JxCat, ERC, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural tenían muchas esperanzas depositadas en la operación que bautizaron con el pretencioso nombre de Catalangate. Durante meses la prepararon con la intención de que sirviera para anular los juicios que afectan a bastantes dirigentes de la causa independentista tanto por su vinculación a la organización del referéndum del 1 de octubre como malversación de fondos, corrupción del 3% o contactos turbios con el espionaje ruso. La campaña se gestó durante meses. Se contrató al emprendedor independentista afincado en Estados Unidos Elies Campo para que implicase el laboratorio canadiense de investigación en nuevas tecnologías y derechos humanos Citizenlab y se consiguió que la publicación The New Yorker tuviera la exclusiva de esa noticia.
Los medios adictos al régimen independentista no fallaron. TV3 encabezó la cruzada contra el gobierno español y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque, aunque Citizenlab no se atrevió a señalarlos como responsables del espionaje, para los propagandistas independentistas estaba claro: era una maniobra del CNI contra el independentismo, la mayor de toda la historia del espionaje mundial, porque, según ellos, había afectado a 65 personas partidarias de la segregación de Catalunya de España.
La noticia de que los teléfonos móviles del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cayó como una bomba en medio de esa estrategia. Los creadores del Catalangate reaccionaron con nervios y desconcierto. Los máximos dirigentes de los partidos y entidades que se habían presentado como víctimas del espionaje del gobierno en una rueda de prensa con la que se dio el pistoletazo de salida, en Bruselas, a la campaña de propaganda se dieron cuenta de que habían hecho el ridículo. ¿Cómo podían seguir acusando de espionaje a un gobierno que había sido espiado? El propio investigador senior de Citizenlab John Scott-Railton, que había sido entrevistado por los medios de Brunete independentista, FAQS de TV3 incluido, intentó dar ánimos a los frustrados impulsores del escándalo. “Es posible que un gobierno pueda ser a la vez víctima en un incidente Pegasus y perpetrarlo en otro”, escribió en un hilo de Twitter donde suplicaba que la detección del espionaje a los gobernantes españoles no distrajera de la campaña que habían lanzado a finales de abril.
Scott-Railton pide al gobierno español informaciones que Citizenlab se ha negado a dar a los expertos y medios de comunicación que le han pedido a su laboratorio. Pregunta ¿por qué se anunció el espionaje a Sánchez y Robles el lunes? ¿Cuándo descubrieron la infección? ¿Quién dirigió la investigación? ¿Hay más víctimas? ¿A quién más investigaron si habían sido espiados?
Las mismas preguntas formuladas a su estudio y a su autoría hace días que están sin respuesta. Citizenlab no ha explicado por qué contrató al independentista Elies Campo, habitual visitante de la residencia belga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para investigar el espionaje a independentistas catalanes. Porque lo tiene en plantilla desde enero, el mismo mes en el que la Assemblea Nacional Catalana registró el nombre de catalangate.cat para una web que abrió cuatro meses más tarde coincidiendo con la publicación del informe. Porqué no muestra las pruebas que confirman que 65 personas del ámbito independentista han sido espiadas con el programa Pegasus.
Mientras, en las redes sociales se explica cómo se inyecta falsos indicadores de infección con Pegasus en cualquier móvil. Es muy sencillo. Hasta alguien que no ha terminado la carrera de Tecnología, como Elies Campo, puede hacerlo. ¿Lo ha hecho? En el FAQS de turno donde estuvo durante una hora en directo ningún periodista se atrevió a preguntárselo.
El globo Catalangate ha pinchado.
Gonzalo Boye y compañía tendrán que buscar otra excusa para intentar anular los juicios a sus clientes.
