La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del gobierno de España son legales, frente a las acusaciones de espionaje del independentismo, a raíz de una investigación de Citizen Lab publicada por The New Yorker.
Robles ha explicado que el ejecutivo central ofrece la «máxima colaboración» a la justicia en los casos de presunto espionaje ya denunciados en 2020 por Roger Torrent y Ernest Maragall (ERC), y ha afirmado que tanto el gobierno como el CNI «actúan con arreglo a la justicia».
Robles ha evitado, eso sí, aclarar si el CNI dispone del sistema de espionaje Pegasus, al que Citizen Lab atribuye buena parte de las intrusiones que asegura que ha detectado contra al menos 65 personas vinculadas con el movimiento independentista catalán.
La ministra, que comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto, ha alegado en declaraciones al Canal 24h de RTVE que todo lo relacionado con el CNI es, por ley, secreto. «Es muy fácil imputar al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que el CNI no puede defenderse», ha añadido.
El general Félix Sanz Roldán, que dirigió el CNI entre los años 2009 y 2019, período durante el cual habrían empezado los supuestos espionajes, ha rechazado aclarar nada sobre Pegasus, también escudándose en la ley: «Ni puedo, ni debo hacerlo».
