El fuerte aumento del IPC de 2021, los incrementos de la negociación colectiva y el déficit de financiación acumulada han obligado a entidades como la Cruz Roja, Cáritas, ECAS, FEDAIA, ECOM o la Fundación Pere Tarrés a hacer una llamada de alerta. Todas ellas forman parte de la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a 1.200 organizaciones y concentra una fuerza laboral de 100.400 personas. Gracias a los servicios públicos que ofrecen, gente mayor, menores tutelados, personas con discapacidad o bien colectivos con riesgo de exclusión social disponen de una red de cuidado y de atención, que está en riesgo por la falta de financiación adecuada por parte de la Generalitat.
Mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, manifiesta en actos públicos con el sector “el compromiso del Govern porque Cataluña sea un país referente en bienestar personal”, la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social espera respuesta a la carta que le han enviado al presidente para que gestione una situación que “está al límite” después de 12 años de infrafinanciación crónica y de la congelación de los precios públicos de unos servicios esenciales para la ciudadanía.
El presidente de la Confederación, Joan Segarra, alerta que el margen económico cada vez es más estrecho para garantizar los servicios. En declaraciones a EL TRIANGLE, Segarra detalla que “nosotros no queremos que repercuta en la calidad y, por lo tanto, mantenemos las plantillas como están establecidas, ajustamos las estructuras técnicas para no afectar a la atención directa, pero, al final, todo esto tiene un límite porque el 17% de incremento del IPC en estos 12 años es difícilmente asumible si no hay una mejora de financiación por parte de las administraciones”. Y la cifra es clara por parte del tercer sector: cuantifican en 180 millones de euros los incrementos necesarios.
La demanda no es nueva para la Generalitat, pero hasta el momento no se ha producido ninguna respuesta. La Confederación ya alertó al Govern el mismo día que se aprobaban los presupuestos para el año 2022 que las partidas previstas “no incluían ninguna mejora en la financiación de los servicios de atención a la gente mayor, de los servicios de salud mental, de los servicios de atención a los niños, jóvenes, familias y otros colectivos en situación de riesgo, de los servicios de inserción laboral, de los servicios de atención domiciliaria, de los servicios de ejecución penal, o de los servicios de ocio educativo, entre otros muchos”, según el comunicado emitido por el millar de organizaciones.
El presidente de la Confederación lamenta que el gobierno catalán “no nos escucha y no nos da respuesta”, y reivindica “una financiación justa”. Según Joan Segarra, “estamos hablando de servicios de titularidad pública que sirven para paliar y para dar respuesta a situaciones extremas en muchos casos”. Añade que “no nos la podemos jugar, como tampoco podemos hacerlo en salud o educación, puesto que son los cimientos para que la sociedad funcione”. Desgraciadamente, el máximo responsable de esta organización empresarial admite que, con la pandemia, la misma sanidad ha mostrado “sus carencias de financiación”, y que “se podría haber hecho mejor con más recursos económicos”.
Cuando se le pregunta a Joan Segarra si ya están al limite, lamenta que tienen poco margen de maniobra para hacer presión a la administración. “No podemos hacer mucho, dado que no podemos cerrar, no podemos devolver la llave del servicio, y estamos activos 24 horas, 365 días en el año”. Incluso, cuando hay huelga, recuerda Segarra, nuestros servicios mínimos tienen que ser “de máximos, porque no podemos dejar a medias el servicio de una residencia o un centro de menores”. En consecuencia, el presidente de la Confederación tiene claro que lo que sí que pueden seguir haciendo es “esta llamada de alerta y este clamor porque estamos en situación extrema, después de 12 años de infrafinanciación. Pensamos que las respuestas no son tan complicadas, y ya es hora de empezar a regularizar tarifas y módulos”. Según manifiesta Segarra a EL TRIANGLE, “no son tanto dinero junto al volumen global del presupuesto de la Generalitat, cuando se dedican a otras cosas que no son tan esenciales como las nuestras.”
El presupuesto de 2022 dedica a protección social 3.110 millones de euros, cifra que equivale al 7% del total. Los otros dos pilares del Estado del bienestar van delante, con 11.215 millones de euros a sanidad y 7.738 millones de euros a educación, según el documento Reactivamos Cataluña.
Discriminación doble al personal del tercer sector
La frase “igual trabajo, igual salario” no es cumple en el sector social. A causa de la congelación de la financiación y de las dificultades económicas para mejorar las condiciones salariales y laborales del personal del sector, existe una diferencia del 32% entre el personal de la función pública y el personal que trabaja a través de una entidad de iniciativa social sin afán de lucro. Los dos profesionales ofrecen un servicio de titularidad pública, pero hay que son de gestión directa por parte de la administración y otros que son de gestión indirecta o concertada.
Una segunda discriminación existente es que si la persona hace la misma tarea en el sector sanitario, cobrará más que si la hace en el sector social. Por ejemplo, “una educadora social cobrará más en el sector sanitario que no en el sector social, y lo mismo pasa si depende de educación, que también está por encima del social”, según expone Joan Segarra.
La doble discriminación provoca que los profesionales del sector social se marchen y busquen alternativas con mejores condiciones laborales. Segarra añade que “no podemos hacer retención del talento, y esto nos dificulta el vínculo con las personas que estamos atendiendo, que son más vulnerables a los cambios de referentes”.
La “República de bienestar” no avanza
Los incumplimientos de los compromisos adquiridos con el sector son “inasumibles” para la Confederación, y “más cuando el Govern actual está formado por los mismos grupos políticos que en la anterior legislatura”. Entre los documentos incumplidos, hay el Acuerdo para una Cataluña Social, así como el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el Plan de mejora del sistema de atención a niños y jóvenes, y sus familias en situación de vulnerabilidad 2021-2024.
En el debate sobre la orientación política general del Govern, celebrado en el Parlamento catalán, el presidente Aragonès afirmó que quiere que Cataluña sea “la República de bienestar y de progreso de referencia del sur de Europa” y defendió “servicios públicos de excelencia”. Desde el sector, le recuerdan que “el país no se puede permitir seguir debilitando el tejido social de nuestra casa, a expensas de políticas de contención y, por lo tanto, que hay que invertir en el fortalecimiento del sector social” .
