Reconstruir el modelo de sanidad

Podríamos definir a grandes rasgos que el Estado del Bienestar es la cobertura que proporcionan a la ciudadanía aquellas sociedades democráticas con el fin de buscar el equilibrio y la mayor igualdad posible entre todas las personas independientemente de su creencia, color de la piel, lugar de nacimiento, sexo, opinión, etc. Esto emanaría de lo que es un Estado Social y democrático de Derecho tal y como queda recogido ya en el artículo primero de la Constitución Española y en los sucesivos sobre los derechos y libertades de toda la ciudadanía.

Poner los instrumentos necesarios en la redistribución de la riqueza para luchar contra la exclusión y las diferencias que podrían darse entre las clases sociales debería ser la base en las que se sustentase el pensamiento ideológico de cualquier partido político que se considere democrático. Damos importancia a estas definiciones, porque se ha olvidado lo que emanó del espíritu de lo que en la actualidad se denomina “régimen del 78” teniendo la sensación de que este término se menosprecia e, incluso, desprecia.

Parece ser que surge una esperanza para el reencuentro de dicho espíritu pero cuando se impulsa y vende la primicia, por parte de las Consejerías de Salud y Derechos sociales, de la creación de otra nueva Agencia de Atención Integral Social y Sanitaria, para paliar las deficiencias detectadas durante la pandemia en materia de una falta de integración de los servicios sociales y sanitarios, puede que no haya tal novedad.

Aquí debemos hacer memoria de que la integración de los servicios sociales y de salud ya tuvo lugar en Cataluña a principios de la década de los años 80 del pasado siglo. Concretamente la Ley 12/1983 (Ley de Administración Institucional de la Sanidad y de la Asistencia y los Servicios Sociales de Cataluña) preveía una consejería con dos institutos: El Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Ambos se integraban en el Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Por tanto, podríamos deducir que tal y como decía la propia Ley “la estructuración de los servicios sociales básicos a través de la técnica del servicio social integrado, que evitará la dispersión de funciones y mejorará la complementariedad y la coordinación de la acción social”, era ya una realidad trabajada y aplicada en aquellos años.

Con la derechización gradual de las políticas sociales y de la propia sociedad a mediados de aquellos años 80, la austeridad que se fue aplicando gradualmente a un prácticamente nonato Estado del bienestar en Cataluña, y España, con la creación del Departamento de Bienestar Social hacia el año 1988, con su Consejero Antoni Comas que lo fue durante 11 años, y con la vertebración del Departamento de Sanidad por el de Salud con la ordenación sanitaria de Cataluña en 1990 con el Consejero Xavier Trias ( período 1988-1991), se desmontó aquel modelo de sanidad y servicios sociales que todavía hoy es totalmente necesario.

Por todo ello, cuando los grupos parlamentarios quieran abordar las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas para ofrecerles un enfoque integral sociosanitario de protección, valdría la pena que miraran atrás y aprovecharan todo lo que ya está inventado. Quizás no son necesarios tantos nuevos nombres ni tantas agencias sino que cuando se legisle se haga con aquella coherencia donde también se recoja cómo debe aplicarse la financiación. Tal y como un profesor dijo hace años: «Somos unos excelentes teóricos fabricantes de leyes pero unos pésimos previsores para su financiación».

Y así no vamos a ningún lado.

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