El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, sólo tiene pendiente ya una causa judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción española, como antes la Fiscalía de Suiza, archivara las investigaciones y descartara la presentación de una querella, ya que las irregularidades detectadas se habrían producido antes de la abdicación o ya han prescrito.
El último frente jurídico corresponde a la querella que presentó en Londres por presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación su examante Corinna Larsen, un asunto en el que el juez debe determinar si Juan Carlos I goza de inmunidad como exjefe de Estado.
En cuanto a la investigación española, el decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción refleja el miedo de Juan Carlos I a la posibilidad de que se destapara la existencia de trusts en los que participaba Manuel Prado y Colón de Carvajal, su hombre de confianza y presunto testaferro, ya condenado por el caso KIO.
El fiscal Alejandro Luzón indica que si esto se hubiera sabido “hubiera exigido incómodas explicaciones”, basándose en palabras de Joaquín Romero Maura, consejero de Juan Carlos I. Según Romero Maura, los trusts creados en Jersey se cerraron en 2003 después de que el entonces rey le dijera que el propósito inicial era innecesario y que podría resultar incómodo para la monarquía que trascienda públicamente su existencia.
