El RCDE Stadium sigue gozando de la más absoluta impunidad por parte de los reguladores de la seguridad en los estadios deportivos, una competencia que desde hace muchos años depende directamente de los Mossos d’Esquadra y de la Generalitat de Catalunya. Contra lo que pueda parecer y a pesar de los muchos entresijos que relacionan a la nueva directiva del Barça con determinados sectores de la política catalana, especialmente la soberanista, a la hora de la verdad el club más protegido contra los hechos probados de xenofobia, odio, violencia, racismo e Intolerancia sigue siendo el Espanyol.
Las reiteradas y reprobables actuaciones de la grada de animación blanquiazul, especialmente graves por el tono y el contenido de los insultos que se reproducen en los derbis contra el Barça, se han normalizado gracias a la inhibición y la voluntaria negligencia de las autoridades policiales y deportivas ante situaciones vergonzosas y escandalosas, las mismas que, a su vez, son responsable de diseñar y supervisar los operativos previos de los partidos de alto riesgo. La Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat no ha sido capaz de aplicar las sanciones y medidas de castigo que se corresponden con la gravedad de los hechos ni mucho menos de anticiparse o de encontrar fórmulas para que los derbis del fútbol catalán dejen de ser, habitualmente, un espectáculo de anti-deportividad que acaba sacando la peor versión de los aficionados, de los directivos y de los jugadores.
Una vez más, el Espanyol-Barça del domingo pasado volvió a convertir en algo habitual, reconocido, permitido e inevitable que Gerard Piqué y su familia fueran objeto de una carnicería verbal en este caso con precedentes e improperios que no se reproducen en ningún otro campo del estado. Sólo se permiten y se reproducen en el RCDE Stadium, el estadio que en enero de 2016 vivió la más dantesca e inexplicable exhibición de esa violencia contra la que se han dictado leyes, normas y decretos en teoría absolutamente implacables para erradicarla.
Nadie puede olvidar las pancartas como ‘Shakira es de todos’ o ‘Pau, tu pie nos señala el camino’, ésta última alusiva a la agresión del portero perico a Messi en un enfrentamiento reciente. Aunque se preveía un ambiente muy caldeado, Mossos d’Esquadra mantuvo la guardia baja del mismo modo que el propio Espanyol permitió la entrada, almacenaje y posterior transporte, despliegue y sustitución de una pancarta por otra, todas ellas ofensivas, insultantes, ante la pasividad de las fuerzas del orden,
Con la normativa en la mano, el castigo menor habría sido el cierre parcial de la grada durante varios meses y en aplicación de una sanción proporcional a los hechos el cierre del estadio total por al menos dos partidos o más de competición.
Aunque la prensa se hizo eco y las autoridades se llenaron la boca de iniciar la apertura de expedientes y de informes que iban a responder de forma contundente a la gravedad de esos hechos, acompañados de gritos y de consignas igualmente ofensivas, al final no pasó nada de nada. La Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS), que posee absolutamente la totalidad de las competencias en la materia como son “ejercer las funciones que le encomiende la normativa vigente en materia de violencia deportiva y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como adoptar las medidas de prevención y seguridad en este ámbito”, no movió un dedo.
En buena parte porque para intervenir, juzgar y sancionar debían ser los propios Mossos d’Esquadra quienes debían, en primer lugar, realizar un detallado informe que hubiera puesto de manifiesto su negligencia y permisibilidad en la presencia de pancartas prohibidas, así como de la ejecución efectiva de su propio operativo de seguridad, en teoría diseñado para evitar ese tipo de situaciones. Y en todo caso, si hubiera sido el club españolista culpable de no haber aplicado en rigor las indicaciones del Coordinador de Seguridad del club, un mosso d’esquadra también, haber elevado el informe correspondiente.
Lo más grave fue que, disponiendo de un sistema sofisticado, moderno y eficiente de control (UCO, Unidad de Control Operativo) con cámaras de precisión y lentes que permitían identificar a quienes movían y dirigían aquel festival de injurias e insultos, los Mossos no quisieron realizar las oportunas revisiones de las grabaciones para elaborar una lista con los cabecillas y responsables directos de lo ocurrido. La grada de animación, de acuerdo con la normativa de LaLiga y las fuerzas policiales, ya estaba directamente controlada por los Mossos mediante el acceso biométrico -es decir con comprobación de la huella dactilar- exclusivamente a aquellos aficionados que, con anterioridad el club y las fuerzas del orden, habían autorizado en una lista cerrada una vez comprobada la ausencia de antecedentes policiales o de incidentes en estadios deportivos. Habría resultado sencillo elaborar una lista de culpables.
La DGAS, si llegó a tener sobre la mesa algún tipo de expediente sobre una alteración del orden público que, dada la dimensión del fútbol alcanzó niveles extremos de resonancia mediática y social, o no hizo el menor caso o se limitó a meterlo en un cajón para que, con el tiempo, se apaciguaran los ánimos.
El Espanyol al final salió ileso igual que en otros derbis posteriores repletos de incidentes, del mismo modo que no recibió sanción alguna tras incidentes internos entre sus propios seguidores radicales y eso a pesar de la existencia de videos absolutamente salvajes y descontrolados sin que las fuerzas policiales se atrevieran a intervenir.
Existe, en este sentido, una relación evidente entre una serie de hechos penalizables ocurridos con alevosía y nocturnidad en el estado del Espanyol y una tradición histórica y reconocida de políticos adscritos al Departamento de Interior de la Generalitat iniciada por Ramon Espadaler y de altos cargos de la policía autonómica que, como Albert Batlle, director general de los Mossos d’Esquadra desde 2014 a 2017, no ocultaron su militancia, simpatía y manifiesta condición de ‘pericos’. Bajo la tutela de unos y otros, a lo más que se llegó fue a una mano de chapa y pintura de la grada de animación blanquiazul, con menor presencia radical, pero desde luego siempre con licencia para proferir sin límites ni reprobaciones esas agresiones verbales muy por encima de los límites que marca la ley.
El derbi del domingo pasado volvió a ser repulsivo en todos los sentidos, con un Piqué que con motivos de sobra para ello acabó perdiendo los nervios, del mismo modo que jugadores como Diego López o Ronald Araujo fueron cazados vertiendo graves insultos contra el adversario. Sólo se pondrá fin a esta escalada de odio y actitudes inaceptables de la grada blanquiazul si las autoridades se deciden a hacer cumplir la ley antes, durante y después de los partidos.
Lamentablemente, nadie se atreve, unos porque son del Espanyol, otros porque son del Barça y el resto porque no se quiere inmiscuir en un terreno tan sensible. Entretanto, la generación de violencia y de odio en los derbis seguirá siendo algo normal, propio de los derbis.
