Las administraciones –y también el Ayuntamiento de Barcelona– tienen un límite de 15.000 euros para adjudicar contratos a dedo. A partir de esa cantidad, las compras y los encargos públicos deben pasar por un proceso de concurrencia abierta, salvo en casos de urgencia justificada.
Desgraciadamente, el equipo que preside Ada Colau abusa de la contratación directa, bien sea fragmentando las adjudicaciones con facturas encadenadas, cada una de las cuales no supera los 15.000 euros, o apelando a la supuesta urgencia de los encargos que realiza la Casa Gran. Es con esta segunda argucia que la tenencia de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, que dirige Janet Sanz, ha realizado algunas polémicas obras del llamado urbanismo táctico, por un importe total de 10,7 millones de euros.
Estas adjudicaciones a dedo se realizaron durante los primeros siete meses del año pasado, aprovechando el estado de excepción provocado por la pandemia. Sin consultar a los vecinos ni consensuarlo con el socio del gobierno municipal, el PSC, Janet Sanz adjudicó un total de 38 contratos por el procedimiento de emergencia, algunos de los cuales han servido para modificar sustancialmente la movilidad en algunas calles del Eixample (Consell de Cent, Rocafort y Girona). Por su importe, destaca la contratación directa por 1,8 millones de euros de la empresa Brothers Control SL por el servicio de vigilancia de las calles céntricas de la ciudad que se cortaron. El contrato lo hizo el arquitecto jefe de Barcelona, Xavier Matilla, que es el ideólogo y el ejecutor del controvertido urbanismo táctico.
Las empresas Temavial, Proseñal, Api Movilidad y Señalizaciones Jica recibieron contratos de unos 800.000 euros cada una para «pintar» las calles afectadas por los planes de Xavier Matilla. Por su parte, un total de 11 empresas –entre las que destaca Constraula– fueron adjudicatarias de 12 contratos a dedo, a razón de unos 500.000 euros cada uno, para agrandar las terrazas de los bares con bloques New Jersey de hormigón.
Bajo vigilancia
La gestión económica poco cuidadosa y llena de trampas que hace el equipo de gobierno municipal de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha llamado la atención de dos instituciones que velan por el buen funcionamiento de las administraciones públicas del Estado: la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía ha instado al Tribunal de Cuentas a que profundice la investigación de la denuncia por presunto desperdicio de recursos públicos presentada contra el consistorio de Ada Colau por la empresa Aigües de Barcelona, que hace sociedad mixta con el AMB para la gestión del servicio de suministro domiciliario en la capital y en su conurbación. Esta empresa considera que el Ayuntamiento está atacando gravemente sus lícitos intereses, sin tener competencias y con la utilización de dinero público.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado que el Ayuntamiento de Barcelona utilizó el estado de alarma por la pandemia para realizar, incorrectamente, contratos directos por el sistema de urgencia que no tenían nada que ver con la covid-19. En total, el 14% de las contrataciones municipales analizadas no se ajustan a la legalidad y deberían haber pasado por concurso público. En este sentido, el Tribunal de Cuentas menciona las obras de ensanchamiento de las aceras que se han realizado en la Via Laietana o los cortes de tráfico en los laterales de la Gran Via y la Diagonal.
