El alcalde de Salou carga contra el gobierno catalán y la CUP en defensa del complejo de Hard Rock

Pere Granados les acusa de no mirar por el bien de Catalunya y avisa de que reaccionarán si se pone en riesgo la inversión

Pere Granados, alcalde de Salou
Pere Granados, alcalde de Salou

El alcalde de Salou, Pere Granados (Sumem per Salou-Junts), ha atribuido al gobierno de la Generalitat un «ataque a la autonomía municipal» debido a que la presencia de una partida para adquirir los terrenos donde Hard Rock quiere levantar su centro recreativo y turístico se ha convertido en moneda de cambio en las negociaciones con la CUP sobre los presupuestos.

Granados, en declaraciones al programa Cafè d’Idees (La 2 y Radio 4), también ha considerado que se trata de una «injerencia directa» y de un «mercadeo para ir en contra de la calidad de vida de los ciudadanos».

De hecho, se ha mostrado muy crítico con la elección, por parte del gobierno, de la CUP como socio para aprobar las cuentas, una formación que considera que «van en contra del progreso», y ha sugerido que el ejecutivo catalán deberría «explorar» como alternativa un acuerdo con el PSC, su socio en el gobierno municipal.

«Nos extraña que el gobierno entre en este juego y no mire por el bien del país«, ha manifestado en la misma entrevista, después de que el ejecutivo que preside Pere Aragonès haya ofrecido excluir del proyecto de presupuestos la partida de 120 millones de euros que preveía destinar a la adquisición de los terrenos.

Granados ha avisado de que «si el presidente pone en riesgo esta inversión y corre peligro, reaccionaremos«. «Para nosotros es desestacionalización de la temporada turística, la reactivación económica, también significa nuevos mercados y, lo que es más importante, la creación de muchos, muchos puestos de trabajo», ha defendido del macrocomplejo de ocio.

El alcalde de Salou ha insistido en que «el dinero público no intervendrá en la inversión» -Hard Rock tendrá que abonar más adelante el pago que haga la Generalitat- y ha indicado que la CUP quiere tumbar el proyecto «para atacar la economía turística del territorio».

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