El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado hoy que la querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por prevaricación la presentará «a título personal» el mismo Alberto Rodríguez como damnificado, puesto que es quien perderá su condición de diputado. «Es natural que el afectado haya pensado iniciar las acciones legales que sus asesores jurídicos consideren oportunas. Se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que está indignado por este proceso que no tenía que haberse producido», informa 20 minutos.
Unidas Podemos anunció que presentará una querella por prevaricación contra la socialista Meritxell Batet, por la retirada del escaño del diputado morado Alberto Rodríguez. El Tribunal Supremo condenó al político canario a una pena de 45 días de prisión (sustituida por una multa de 540 €) y a la “inhabilitación especial para el derecho de sufragio”. La interpretación jurídica de la sentencia enfrentó a los letrados de la Cámara Baja, a la Mesa del Congreso y a la Sala Segunda del Alto Tribunal hasta que Batet optó por que Rodríguez perdiera su condición de diputado.
Las tensiones entre Unidas Podemos y el PSOE suman un nuevo capítulo tras el reciente choque entre las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño a cuenta de la derogación de la reforma laboral. Pero, por primera vez, uno de los socios de la coalición ha llevado a la justicia sus desavenencias.
El pasado 15 de octubre, el Tribunal Supremo reiteró que la sentencia no requería de rectificación al considerar que ya era suficientemente clara. Sin embargo, no se entendió así en la Carrera de San Jerónimo. Los letrados del Congreso entendieron que, al sustituirse la condena a prisión por una multa, la pena que habría originado la pérdida del escaño no llegó «a nacer». Así lo entiende también Unidas Podemos, que además interpreta que la sentencia inhabilitaría a Alberto Rodríguez a ser candidato en unas futuras elecciones mientras estuviera en vigor la condena de 45 días y en ningún caso supondría la pérdida de su escaño.
Tras el informe de los letrados, Meritxell Batet y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, se cruzaron escritos y peticiones de aclaración hasta que la presidenta del Congreso decidió ayer retirar el escaño al diputado canario.
Ahora se abre un nuevo escenario. Fuentes de Unidas Podemos consultadas por La Vanguardia lamentan que «Batet ha tomado la decisión de retirarle el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso». Y añade el partido en un comunicado: “La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país”.
La secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también acusó en su cuenta de Twitter a Batet de prevaricar: “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.
El diputado morado se ha limitado a retwittear a varios expertos en Derecho que defienden la conservación de su escaño y en un mensaje relativo a otra cuestión ha añadido que “el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna”.
Desde Presidencia del Congreso, por su parte, argumentan que el auto del juez Marchena era de obligado cumplimiento para la tercera autoridad del Estado. El PSOE también ha respaldado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y ha defendido que se ha limitado «en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales». Fuentes socialistas, informa La Vanguardia, han señalado que el partido reitera su postura de «respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones». Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mencionado que «los problemas políticos se resuelven políticamente» y ha pedido «diálogo y convivencia».
Por parte de la magistratura, a través de un duro comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (con el voto en contra de tres magistrados) asegura que esas manifestaciones «merecen un absoluto y rotundo rechazo» porque «más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».
El órgano de gobierno de los jueces manifiesta su «profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido».
El CGPJ sale en defensa de la «independencia, imparcialidad y objetividad» del Supremo y del resto de tribunales españoles «cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados».
