Un error del gobierno de la Generalitatde Cataluña en el decreto de los avales que concedió, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a 28 dirigentes independentistas encausados por la acción exterior relacionada con el procés facilitó el rechazo del Tribunal de Cuentas y el inicio del procedimiento de embargo contra estas personas, revela El Mundo citando fuentes del Tribunal de Cuentas.
Según esta información, el error fue incluir una referencia al Tribunal Supremo en la exposición de motivos del decreto para defender los avales: «Como señala el Tribunal Supremo, si los servidores públicos sufren un daño o perjuicio en la realización del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, tienen que ser resarcidos».
El Tribunal de Cuentas, en cambio, pedía la fianza de 5,4 millones de euros para casos de presunta culpa o negligencia, relativos a gastos con fondos públicos en la internacionalización del procés, por lo que no es aceptable el aval si los excluye, indica el mismo diario citando al órgano que fiscaliza la gestión económica del sector público en España.
De hecho, la delegada instructora de este asunto en el Tribunal de Cuentas, Esperanza García, rechazó los avales facilitados por la Generalitat mediante el ICF porque «al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, el Delegado Instructor debe apreciar para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva», según la nota informativa emitida por el Tribunal de Cuentas.
