Un cliente de la Laporta pierde en el Supremo un pleito de 16 millones contra la Generalitat

El gobierno catalán anuló legalmente la adjudicación a la sociedad israelí Nadlan BCN, asesorada por el presidente del Barça, por no ajustarse a las condiciones de pago

La Torre Muñoz
La Torre Muñoz

El Tribunal Supremo ha sentenciado que fue legal la anulación, por parte de la Generalitat de Catalunya, de la compraventa de edificios públicos que el gobierno catalán acordó en 2015 con la sociedad israelí Nadlan BCN, por un valor de 63, 5 millones de euros.

La resolución, adelantada por Vozpópuli, se emitió el pasado 19 de julio y cierra seis años de enfrentamientos en los tribunales entre la Generalitat y Nadlan, que fue asesorada por el despacho de abogados del actual presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, quien asumió personalmente la defensa de los intereses de la sociedad israelí planteando un recurso ante el Supremo.

Después de haber pagado 16 millones de euros en concepto de garantía, Nadlan BCN solicitó dos aplazamientos de pagos correspondientes al importe total de la compraventa, por lo que la Generalitat anuló la adjudicación.

La administración catalana adujo que la adjudicataria había incumplido el pliego de condiciones cuando no efectuó los pagos en los plazos establecidos, y que, por ello, no se había llegado a formalizar la adjudicación.

Nadlan, que había argumentado que la adjudicación se había formalizado indicando que el gobierno catalán había emitido una resolución favorable a la compraventa, y también había esgrimido como justificante de los impagos que el Ayuntamiento de Barcelona había suspendido el otorgamiento de licencias hoteleras, terminó reclamando los 16 millones en última instancia.

Ahora, el Supremo ha dado la razón a la Generalitat y ha denegado la devolución de ese importe a la empresa israelí, ya que concluye que el contrato no se había «perfeccionado», sino que estaba todavía «en fase de adjudicación «y pendiente de formalizar mediante el pago del precio.

Los edificios objeto de la operación frustrada, puesta en marcha por el consejero de Economía del gobierno de Artur Mas, Andreu Mas-Colell, eran la sede del Departamento de Empresa y Empleo, la Torre Muñoz del Paseo de Gracia de Barcelona, ​​y el edificio de la antigua sede de la Consejería de Trabajo de la calle de Sepúlveda.

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