El ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont tiene la inmunidad como eurodiputado «plenamente reconocida», ha asegurado su abogado, Gonzalo Boye, basándose en la decisión de la jueza del tribunal de Sassari (Cerdeña, Italia). La magistrada Plinia Azzena, según ha revelado El Periódico, ordenó la «inmediata puesta en libertad» del ex-presidente al considerar que su detención «dañaría de forma grave el derecho del detenido a viajar libremente para participar en las reuniones en el Parlamento Europeo«, un derecho garantizado por «una inmunidad, aún intacta».
Por ello, en una entrevista en Catalunya Radio, Boye ha afirmado que «el procedimiento está muerto, a falta de que se emita el certificado de defunción». Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, mantiene que la euroorden contra Puigdemont está activa y, de hecho, este viernes la ha remitido al tribunal de apelación de Sassari: «El procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía».
La defensa de Puigdemont asegura que el Tribunal General de la Unión Europea consideró suspendidas las órdenes de detención pero, según ha publicado El Periódico, lo hizo para que la Abogacía General del Estado le informó erróneamente. El servicio jurídico estatal manifestó al tribunal europeo que las euroórdenes estaban suspendidas cuando no era así porque, según el medio citado, «el único que puede suspender o retirar una euroorden es el magistrado que la dictó, en cuyo caso el juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena nunca lo hizo».
Respecto a los motivos de la detención, el abogado Boye ha responsabilizado a Llarena y ha comentado que quiere pensar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no tenía conocimiento de los hechos. Una opinión que no comparte el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, que ha señalado directamente el Ejecutivo central. En una entrevista en Catalunya Radio, Alay ha afirmado que tiene «la sospecha de que algún miembro» del Gobierno de Sánchez sabía que la detención se produciría, y que tiene la «intuición» de que el presidente estaba al tanto. También ha contemplado la posibilidad de que el Supremo activara la euroorden y avisara a las autoridades italianas, «más cercanas a su forma de pensar», según Alay.
