Aunque la moratoria por impago de alquiler y la suspensión de los desahucios aprobada por el Gobierno español sigue vigente hasta el próximo 31 de octubre, durante la primera semana después de la vuelta de las vacaciones de verano en Barcelona ha habido lanzamientos cada día. Sólo este viernes se han producido tres en la capital catalana, los cuales se han detenido con ayuda de la presión vecinal.
Uno de estos casos es el de Mireia, de 23 años, y su madre, Josefa, que tiene un 66% de discapacidad reconocida y una incapacidad laboral. Esta mañana se han enfrentado al segundo lanzamiento para desahuciarlas del piso donde la joven nació, debido a una demanda de ocupación interpuesta por los familiares que recibieron en herencia la vivienda donde residen madre e hija, situada en la calle Comtessa Pardo Bazán de Barcelona.
Una cuarentena de vecinos, convocados por el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu, se han acercado a las diez de la mañana al domicilio para tratar de impedir el desahucio y, aunque los Mossos d’Esquadra estaban presentes, finalmente la propiedad ha accedido a aplazarlo. Según han explicado madre e hija en las redes, no disponen de ninguna alternativa de vivienda digna, y los Servicios Sociales se limitan a aconsejarles que alquilen una habitación con la pensión de Josefa o que se vayan a otra comarca, una solución inviable ya que la madre de Mireia tiene dificultades para desplazarse.
Por otra parte, el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret también ha anunciado la parada de un desahucio en la calle Diputación de Barcelona, hasta donde se han desplazado una decena de vecinos. En este caso, las afectadas también eran madre e hija y, según ha explicado la entidad, se ha conseguido aplazar el lanzamiento a una nueva fecha. El Sindicato de Vivienda de la Sagrera ha informado también de la parada del desahucio de un local ocupado, Can Jack, situado en la calle Matanzas.
Durante la semana, al igual que este viernes, se han detenido la mayoría de desahucios, a excepción de uno que tuvo lugar el miércoles en la calle Gran de Sant Andreu y que contó con la presencia de diez furgones de antidisturbios. Según explicó el sindicato de Sant Andreu, «nos encapsularon, nos grabaron y utilizaron inhibidores de señal para incomunicar a las que estábamos encapsuladas» y, finalmente, el desahucio terminó ejecutándose.
