He pasado unos días de vacaciones recorriendo Cataluña, redescubriendo muchas localidades y paisajes que había transitado años atrás. Y he llegado a la conclusión que, en general, tenemos un país magnífico –salvo algunos disparates urbanísticos y la desmesurada proliferación de granjas de cerdos-, lleno de personas sensatas, cordiales y dialogantes. Nada que ver con la crispación y la toxicidad provocadas por el proceso independentista que alimentan las redes sociales y que pregonan algunos líderes políticos y determinados opinadores profesionales que escupen víboras.
Después de la traumática sacudida de la pandemia, la gente quiere ir a lo práctico e intentar rehacer la deteriorada situación económica que pasan las empresas, los trabajadores y los autónomos. Tengo la sensación que este septiembre acabará imponiéndose una nueva mirada sobre las prioridades de la vida colectiva y que las tensiones y agitaciones identitarias vividas acabarán amansándose y desapareciendo por el sumidero de la historia.
En el enfoque de este inicio del curso 2020-21 tiene un papel determinante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La manera como aborde y valore la mesa de negociación con el Gobierno central, que se retomará después de la Diada, condicionará, en gran medida, el tono de los meses a venir. Un retorno a las posiciones maximalistas –ahora, con la bandera de la amnistía y la autodeterminación, condenada al fracaso- sería un misil en la línea de flotación de una sociedad que busca, afanosamente, el sosiego y la recuperación.
En este contexto, hay una piedra de toque ineludible en el trámite de la negociación y la aprobación de los Presupuestos, en las Cortes y en el Parlamento de Cataluña. Si ERC continúa dando su apoyo al gobierno del presidente Pedro Sánchez, la buena lógica hace que el ofrecimiento hecho por el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no caiga en saco roto y que los Presupuestos de la Generalitat puedan pasar con el aval del PSC.
En estos últimos nueve años se han destrozado demasiadas cosas en Cataluña, llegando a poner en peligro la cohesión y la convivencia del cuerpo social. Después de los desastres perpetrados por los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra –profundizando en el pozo oscuro de la confrontación y de la división interna- es hora de reconstruir y de restaurar este jarrón deshecho en pedazos que es Cataluña y Pere Aragonès tiene la obligación y la oportunidad de hacerlo.
Hay cosas del nuevo gobierno de la Generalitat que no me gustan y que denuncio con vehemencia, con la esperanza que sean enmendadas algún día. Los salarios absolutamente escandalosos que se han asignado los consejeros y los altos cargos, por ejemplo. O el partidismo sectario que, en general, ha presidido la conformación del sottogoverno, primando la fidelidad a las siglas por encima de la capacitación profesional objetiva de los nombrados para ocupar los puestos de mando que hacen funcionar la administración.
Cataluña –como todo el conjunto de la Unión Europea- afronta unos retos de civilización cruciales. La sustitución de las energías fósiles y de la fisión atómica por otras fuentes que no generen contaminación ni residuos radiactivos es tal vez el más colosal. La nefasta gestión de los anteriores gobiernos convergentes –con mención especial para el ex-consejero Damià Calvet- ha creado un caos en la implantación de parques eólicos y campos fotovoltaicos que se ha traducido en un insostenible agravio territorial y en un retraso imperdonable en la expansión de las energías renovables, a pesar de que , si se hicieran las cosas bien, Cataluña tiene un potencial extraordinario para implementar rápidamente la transición energética.
La despoblación y el envejecimiento de la población castigan amplias zonas rurales del interior, muy ricas, por otro lado, en patrimonio natural y paisajístico. Urgen políticas de fomento del reequilibrio demográfico y económico para construir un territorio más armónico y convertir las necesidades en oportunidades. El modelo agrario y ganadero también tiene que encarar una profunda transformación, en la perspectiva que anticipa la alimentación sin sacrificio de animales, que acabará generalizándose.
La lista de tareas pendientes de mejorar y ejecutar que, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, tiene la Generalitat es ingente. Y más si, fruto del diálogo y la negociación con el Gobierno central, se van concretando nuevas transferencias, bajo el principio de la eficacia en la gestión en beneficio del conjunto de la población catalana. Diría que estamos en un momento refundacional de nuestro autogobierno y que, si nuestra clase política está a la altura, podemos otear el futuro con una razonable esperanza.
Esto requiere que en la plaza de Sant Jaume haya un equipo fuerte y dinámico, ágil y transparente en la adopción de resoluciones. También que la administración –los 200.000 funcionarios y empleados de la Generalitat- tome plena conciencia de su dimensión de servicio público, con especial atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y que el Parlamento, más allá de los estériles y, a veces, irritantes fuegos de artificio, se concentre intensamente en su tarea: legislar y controlar la acción del gobierno.
Yo no soy independentista –lo considero un grave error geoestratégico y geopolítico en el actual proceso de construcción de los Estados Unidos de Europa-, pero no tengo ningún apriorismo que me impida considerar que Pere Aragonès es también mi presidente. En este sentido, le doy de entrada un apoyo crítico, siempre que no caiga en los errores del pasado que han desprestigiado a la Generalitat y, por extensión, a Cataluña (corrupción, clientelismo, etnicismo, especulación, privatizaciones, sectarismo, derroche de los recursos públicos, división de la sociedad en “buenos” y “malos” catalanes, etc.) y que seré el primero en denunciar.
La transparencia y el consenso son imprescindibles en esta nueva etapa que empezamos y es aquí donde el presidente Pere Aragonès se juega su credibilidad. Debo señalar que no es muy buena señal que, durante este mes de agosto, el Portal de Transparencia de la Generalitat haya funcionado con graves deficiencias y vacíos informativos…
