Los trabajadores de Barcelona Activa van a la huelga contra el despido de más de 100 compañeros

Piden la destitución de Fèlix Ortega a quien acusan de ser el responsable del "intento de desmantelamiento de la empresa i la privatización de los servicios públicos"

El Comité de Empresa de Barcelona Activa (BASA) ha convocado una huelga general el próximo 23 de julio para protestar contra el centenar de despidos que anunció la dirección el pasado 29 de junio. Los sindicatos UGT y CCOO tienen previsto concentrarse ante el Ayuntamiento de Barcelona, ​​en la Plaza Sant Jaume, aprovechando que dentro de tres días tendrá lugar el último pleno municipal antes de las vacaciones.

El conflicto se inició cuando la dirección de Barcelona Activa decidió no renovar más de 156 trabajadores, después de que varias sentencias judiciales determinaran que la agencia pública hacía un uso abusivo de los contratos temporales. La dirección argumenta que la situación presupuestaria les impide contratarlos indefinidamente y por ello ha decidido no renovarlos.

La Asamblea de Trabajadoras Temporales de Barcelona Activa ha exigido al Gobierno municipal de Ada Colau, a través de un comunicado, que «se levante a defender Barcelona Activa y detenga el recorte drástico de servicios que se está efectuando». Piden a la dirección de la agencia pública que reconozca los trabajadores temporales como personal estructural y que se les ofrezca un contrato indefinido.

Tanto los sindicatos mencionados como la asamblea de empleados critican que la dirección de Barcelona Activa se esté planteando crear un «modelo organizativo basado en la subcontratación de las Políticas Activas de Empleo» similar al de la Comunidad de Madrid, en palabras de UGT. Consideran, como ha expresado CCOO en el comunicado de huelga, que la externalización de estos servicios públicos se hará «en perjuicio de su calidad y precarizando aún más las condiciones laborales de sus profesionales».

La Asamblea de Trabajadoras Temporales de Barcelona Activa también piden la destitución del director general de la agencia, Fèlix Ortega (foto), al que acusan de ser el responsable del «intento de desmantelamiento de la empresa y la privatización de los servicios públicos».

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