El Tribunal de Cuentas reclama casi 10 millones de euros por el 1-O y la promoción del ‘procés’

Los 41 exaltos cargos de la Generalitat implicados deberán comparecer el 29 de junio después de que el tribunal haya rechazado la paralización del caso

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la paralización del expediente sobre la responsabilidad contable por la promoción exterior del proceso independentista entre el 2011 y el 2017. Las defensas de los 41 implicados -entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Andreu Mas-Colell– presentaron un recurso para detener el caso y suspender la comparecencia en la sede del tribunal prevista para el 29 de junio, aunque finalmente ha sido denegado.

Las defensas alegaron indefensión argumentando que no han tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente sobre la gestión del Diplocat y de las diversas consejerías, sobre todo porque algunos de los investigados han estado en prisión hasta la concesión de los indultos. El Tribunal, sin embargo, ha respondido que los plazos son los habituales y ha mantenido la comparecencia de los implicados para el próximo martes, coincidiendo con la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El expediente sobre las acciones exteriores relacionadas con el procés consta de 6.000 carpetas y de dos informes. El primer análisis, de la instructora delegada Esperanza García, apunta que se emplearon 5,4 millones de euros para promocionar internacionalmente el proyecto independentista, mientras que otro informe reclama 4,8 millones de euros a los exresponsables de la Generalitat por la organización y el desarrollo del referéndum del 1-O.

Una suma total de casi 10 millones de euros que podría ser menor después de la comparecencia de los investigados o de su defensa, a partir de la cual se fijará la responsabilidad de cada implicado. De este modo, después del próximo 29 de junio, la delegada instructora del caso notificará a cada uno de los implicados la cantidad que se les exige, con la advertencia de que en caso de no pagar se procederá al embargo de sus bienes.

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