La nueva consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, ha sido citada a declarar por la jueza que investiga los preparativos de la consulta independentista del 1-O, así como a los otros 29 cargos del Govern y empresarios procesados. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha fijado los próximos 8, 15 y 21 de junio para tomarlos declaración indagatoria sobre la logística de la consulta.
La consejera está procesada por el delito de malversación en relación a su participación al 1-O como directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, cargo que ocupaba en 2017, y como el resto de procesados ha comparecido al menos en dos ocasiones durante la instrucción del caso.
A pesar de la condición de aforada de Garriga, de la cual disfruta desde que tomó posesión del cargo de consejera el pasado 26 de marzo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han afirmado a la Agencia Efe que la jueza la puede citar a declarar voluntariamente, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal. La defensa de la consejera, pero, ha presentado un escrito solicitante que sea el TSJC quien asuma la investigación.
Garriga está acusada de ejercer “de enlace” entre el exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové, actual presidente del grupo parlamentario de ERC, y la encargada de una nave industrial en Bigues i Riells (Vallès Oriental), donde se pretendía almacenar documentación relacionada con el referéndum. La causa contra la consejera de Cultura podría unirse a la que tiene abierta el TSJC contra los diputados Jové y Lluís Salvadó, también de Esquerra Republicana, que están acusados de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.
La magistrada ha ordenado volver a citar a los procesados para que declaren sobre unos hechos relacionados con las resoluciones del Tribunal Constitucional, que inicialmente no estaban incluidos a la causa, y Garriga lo hará el próximo 8 de junio junto con el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, el exsecretario de comunicación del Gobierno, Antoni Molons, y la exdirectora de servicios del Departamento de Presidencia, Teresa Prohias.
