Sánchez apela a los «principios constitucionales» y rechaza «la venganza» contra el independentismo

El presidente del gobierno español, abierto a encontrarse con Aragonès, espera reactivar la mesa de diálogo para impulsar el "reencuentro"

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el consejo de ministros adoptará la decisión sobre la eventual concesión de indultos a los dirigentes del procés presos siguiendo «principios constitucionales», y ha añadido que ni «la revancha» ni «la venganza» forman parte de esos principios.

En concreto, se ha referido a «la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que no sólo desgarró la sociedad catalana, sino el conjunto de la sociedad española en el año 2017» como los valores que «pesarán» en la decisión del consejo de ministros, a diferencia de «la venganza o la revancha», que ha rechazado.

Sánchez, asimismo, ha enmarcado en la «cortesía institucional» habitual con los presidentes autonómicos la reunión que prevé mantener el palacio de la Moncloa con el flamante presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, a partir de la cual espera reactivar la mesa de diálogo entre representantes de ambos gobiernos .

El presidente del ejecutivo español pretende que el diálogo sirva para promover el «reencuentro» entre los catalanes y el resto de los españoles, y entre los catalanes. En ese sentido, destacó como un acierto que haya una mesa de partidos catalanes en el Parlamento de Cataluña.

La ministra y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, había explicado minutos antes de la comparecencia de Sánchez que, en la mesa de diálogo, deben verse «los elementos que puedan permitir estrechar lazos». En cuanto a los indultos, Montero ha dicho que no hay ninguna novedad, en espera de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía comuniquen sus pareceres, no vinculantes, sobre la concesión de esta medida de gracia a los dirigentes independentistas presos.

La portavoz del Gobierno se ha limitado a indicar que el gobierno tomará una decisión que velará por el interés general de España, cumpliendo la legalidad vigente y con todas las garantías.

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