La ‘diplomacia catalana’ se extralimitó en sus funciones y ahora ha de pasar cuentas con la justicia

El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y el juzgado n. 18 de Barcelona detectan numerosas irregularidades y gastos ilegales

Raül Romeva
Raül Romeva

Informes para preparar la ruptura con España, adjudicación de estos informes a dedo y fraccionándolos para no tener que convocar concurso y conceder ayudas y subvenciones sin concurrencia pública y sin justificación alguna eran, al parecer, moneda corriente en el Diplocat, el “templo” de la diplomacia catalana. Por ello, Fiscalía ha denunciado ante los tribunales a un puñado de altos cargos de la Generalitat.

Ese proceder lo mantuvo la conselleria de Exteriores desde el año 2011 hasta el 2017, las fechas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Las actuaciones de esta área del Govern están bajo sospecha porque, además de no tener constancia de cómo se gastaron cientos de miles de euros, se sospecha que muchos de los fondos gastados tanto por la estructura de la conselleria como por organismos a su cargo, como el Diplocat o las ‘embajadas’ catalanas, se utilizaron en el impulso del procés y en fomentar el referéndum de independencia de octubre de 2017.

Abultada multa para Albert Royo

El Tribunal de Cuentas le pide a Alberto Royo, ex-secretario general del Diplocat, 4,5 millones de euros de esa época para responder del dinero que se pueda haber desviado a actos en favor del referéndum o del procés.

La información para esa denuncia parte de un completo informe del Tribunal de Cuentas, de 758 páginas, que estudia detalladamente todo el gasto de la Generalitat en exteriores durante la etapa indicada. Y desgrana las actuaciones de cada uno de los departamentos implicados. La fiscalía recopiló, de momento, algunas de las actuaciones bajo sospecha, todas ellas relacionadas de alguna manera u otra con el Diplocat, el organismo que despliega las relaciones externas del Govern.

El Tribunal de Cuentas explica que el Diplocat “ha sido empleado en la labor de abrir vías de contacto con representantes de distintos Parlamentos, tanto europeos como americanos. Estas relaciones, bajo el formato de comparecencias y reuniones institucionales, han tenido como finalidad explicar y actualizar puntualmente la información acontecida con motivo del desarrollo del proceso soberanista. Se han realizado un total de 25 comparecencias o reuniones que han ascendido a un importe de 112.237,04 euros”.

En 2014, siete misiones internacionales de observación electoral costaron 133.582,66 euros. Otras 23 actividades de invitación de líderes de opinión y personalidades extranjeras para vender la independencia se llevaron 460.986 euros. Paralelamente, el Programa de Visitantes Internacionales (PVI) tuvo unos fondos de 82.027,66 euros. El programa de invitación de observadores extranjeros para el 1 de octubre del 2017 costó 206.371,49 euros, contabilizado bajo el nombre genérico de “Análisis del contexto político de Cataluña”.

En elaborar documentos y argumentarios, el Diplocat se gastó 308.530,29 euros. Y los contactos con medios internacionales costaron al erario 86.088,79 euros. El mantenimiento de la página web Catalonia Votes costó, por otro lado, 451.171,11 euros.

El contrato de International Diplomat

La contratación de la entidad International Diplomat par buscar aliados internacionales fue sufragada, en parte por la delegación de la Generalitat en Washington, pero el Diplocat firmó luego un convenio por el que pagó entre 2013 y 2015 un total de 1.392.300 euros. Los informes elaborados por esta empresa continúan siendo secretos a día de hoy.

La denuncia de Fiscalía, sin embargo, recoge sólo una parte de esos gastos. En base al escrito de acusación, la magistrada Carmen García, titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, decidió imputar a 10 altos cargos del Govern. Se trata de Raül Romeva, Roger Albinyana, Roser Clavell, Albert Royo, Gerard Figueras, Víctor Cullell, Aleix Villatoro, Teresa Prohias, Manuel Vila y Antoni Reig. Pero los implicados en el asunto son más: deberán comparecer en el juzgado como testigos figuras de la talla de Salvador Cardús, Mònica Sabata, Jacint Jordana, o Alfonso González, así como algunos empresarios que organizaron o participaron en el montaje de la infraestructura de actos en favor del referéndum.

Se trata, pues, de lo que sería parte de la brigada académica del procés, cuyos informes debían servir para forjar intelectualmente la independencia y hacer de guía en la construcción de las estructuras de estado necesarias para echar a andar fuera de España.

Mònica Sabata también declarará

Mònica Sabata irá al juzgado como presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), un organismo que agrupa a un centenar de entidades y que recibió al menos 565.000 euros en subvenciones que, supuestamente, están poco justificadas. Según el relato judicial, en febrero del 2012, FOCIR recibió una subvención directa de 50.000 euros “sin concretar el destino, ni realizar un seguimiento dado a la subvención, que no fue publicitada”. Además, según el auto de la jueza, contravenía los estatutos del Diplocat sobre concesión de ayudas. La artífice de esa ayuda fue Roser Clavell, entonces secretaria general del Diplocat. Al año siguiente, la plataforma obtuvo 20.000 euros en ayudas, otorgados por Roger Albinyana, en su calidad de secretario general de Exteriores.

Entre 2014 y 2016, el secretario general de Diplocat, Albert Royo, otorgó respectivamente 100.000, 125.000 y 125.000 euros “designando directamente a la FOCIR como entidad colaboradora en la selección de sus destinatarios, al margen de cualquier procedimiento de concurrencia pública, al margen de la normativa estatutaria y contraviniendo la Ley de Finanzas de la Generalitat en materia de concesión y control de subvenciones”. La misión de FOCIR era elaborar las bases por las que se obtenían las ayudas del Diplocat, estableciendo cuáles eran los gastos justificables y cuáles no, a pesar de que la propia FOCIR o las entidades que participan en ella tenían ayudas directas del Diplocat, por lo que podría interpretarse que había conflicto de competencias.

El auto destaca que lo que hizo FOCIR fue incluir en las bases de las ayudas gastos que no eran subvencionables “y los criterios de valoración para otorgamiento de ayudas no eran objetivos, pues primó la pertenencia a FOCIR para ser beneficiario de tales ayudas”. En el año 2017, fue el propio Raül Romeva y su secretario general, Aleix Villatoro, el que concedía otros 40.000 euros a FOCIR “sin justificar las razones de la no concurrencia”. Pero, además, en 2017 la Generalitat suscribió un convenio especial con FOCIR otorgándole una subvención directa de 165.000 euros, de los que el Diplocat puso 125.000 euros, otros 20.000 euros provenían de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), dirigido por Manuel Vila, y 20.000 euros más, del Consell Català d’Esports (CCE), presidido por Gerard Figueras Estas aportaciones, al parecer, “están fuera de los fines de dichas entidades”.

Especialmente sospechoso fue un estudio encargado por Albert Royo al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), presidido por el catedrático Jacint Jordana, de la UPF. El encargo era un estudio académico sobre el estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un Estado miembro. La Administración catalana acabó pagando 196.920 euros por ese estudio, otorgado “sin promover la concurrencia pública”.

Otro estudio similar, aunque menos costoso, fue realizado por el sociólogo Salvador Cardús en 2015. En este caso, el encargo partió de Víctor Cullell, director general de Análisis y Prospectiva de la conselleria de Presidència, y de Teresa Prohias, directora de servicios de este departamento. El estudio del sociólogo era sobre “los distintos instrumentos de cooperación internacional entre España y Cataluña, en el supuesto de que esta última alcanzara la independencia”. Por este informe, la Generalitat pagó 13.636 euros más del IVA y la jueza advierte en su auto que “excedía el marco competencial de la Generalitat e indiciariamente estaba encaminado a la elaboración de las estructuras de un hipotético estado independiente”.

También en 2015 Albinyana y Prohias necesitaron informes sobre la política europea de Defensa, que posiblemente iba encaminado a la creación de las “estructuras de estado” que los independentistas trataban de crear para tener listas en el momento de la ruptura con España. Este estudio “se encargó a una empresa belga de la que se desconocen datos, no constando documentación de la misma ni del trabajo original realizado. Fue contratada a través de la intermediación del señor Salvador Cardús. Se abonaron 5.000 euros”.

Informes sobrevalorados

De la misma forma, Albinyana, Royo y Prohias encargaron ese año dos “informes doctrinales sobre tratados multilaterales de los que forma parte España y sobre los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para poder entrar en organizaciones internacionales (ejemplos, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro)”. Los informes se encargaron al profesor Alfonso González Buendía, de la URV. Pero como superaban los 18.000 euros (a partir de esa cantidad es obligatorio convocar concurso público), el trabajo se fragmentó en dos contratos de 17.500 euros cada uno (a los que hay que sumar el IVA). Esta partición, según la magistrada, “se hizo a los efectos de eludir la concurrencia pública, y conocedores de que la temática era ajena al marco competencial de la acción exterior de la Generalitat”. No se queda ahí la jueza, sino que añade que los informes “fueron sobrevalorados, puesto que no contenían las preceptivas conclusiones, propuestas y bases de datos exigidas al tiempo de la contratación”.

El informe del Tribunal de Cuentas va más allá en este apartado y relata que se pagaron dos facturas de 21.170 y 21.175 euros respectivamente. “El fraccionamiento evitó que se tuviera que pedir la preceptiva autorización del Gobierno exigible en informes de más de 30.000 euros. Además, en el caso del contrato de Diplocat, no se realizó valoración del informe para comprobar si procedía o no el pago”.

En la investigación del juzgado 18, sin embargo, hay actuaciones que no están recogidas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas desvela que se pagaron 120.000 euros a una Fundación “que tiene como objetivo principal la tarea del conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana y que edita una revista en inglés, siendo al menos dos de los miembros de su consejo editor altos cargos de la Secretaría de Asuntos Exteriores. Esta revista recibió además otras dos subvenciones en 2016 y 2016 de 100.000 euros cada una y en 2017 recibió 10.000 euros de Diplocat como pago de cuatro artículos que no consta que fueran remitidos por la entidad y no figurando en la revista ningún artículo con referencias a haber sido remitida por ella, además de haber sido pagados por anticipado por orden del secretario del Diplocat ante la solicitud del director de la revista para paliar sus problemas de liquidez”. En esas subvenciones se presentaron gastos justificativos por importe de más de 21.800 euros que no deberían haber sido aceptados.

*Pueden leer el reportaje íntegro en la edición de esta semana de EL TRIANGLE

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