El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat prevé que tardará veinte años en vaciar los 2,7 millones de toneladas de basura que hay en el subsuelo del vertedero de Vacamorta, en el término municipal de Cruïlles (Girona). Este vertedero fue declarado ilegal en 2014 por el Tribunal Supremo tras una insistente campaña ciudadana contra su construcción, dado que se situó a unos quinientos metros de la zona urbana. El departamento que dirige Damià Calvet prevé trasladar la basura a otro lugar en un radio máximo de 80 kilómetros y construir un nuevo vertedero.
Este vertedero fue promovido por la empresa Recuperació de Pedreres SL, de la que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, era uno de los propietarios. En el documental Pujol: secrets d’Andorra, emitido el domingo en el programa 30 minuts de TV3, el escándalo del vertedero de Vacamorta es el único negocio de Jordi Pujol Ferrusola del que se habla, poniendo al descubierto las empresas pantalla intermediarias que constituyó para ocultar que estaba detrás de esta operación.
En el auto en que el juez José de la Mata considera que el expresidente Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, sus siete hijos, y otras siete personas constituyeron una organización criminal para lucrarse ilegalmente el primer ejemplo de actividad irregular que cita es, precisamente, la concesión de la explotación del vertedero de Vacamorta por parte del último gobierno presidido por Pujol. El auto señala que el vertedero «fue impulsado por Gustavo Buesa y José Mayola, entre 1999 y 2003, con la participación de Jordi Pujol Ferrusola» y que «se da la circunstancia de que la justicia, hasta en tres ocasiones, dictó sentencias por las que se ordenaba la paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos».
El Juez De la Mata recuerda que el 16 de junio de 1999 «ya se produjo una primera resolución judicial contra la autorización municipal del ayuntamiento de Cruïlles en relación al vertedero». A pesar de ello, la Generalitat otorgó un permiso provisional para que iniciase su explotación en el año 2000. Dos años y medio más tarde, el departamento de Medio Ambiente otorgó a la empresa Gestió i recuperació de terrenys la autorización ambiental para la construcción del complejo de tratamiento de residuos. Esta autorización fue considerada ilegal por una sentencia de diciembre de 2002 que obligó a clausurar el vertedero en febrero de 2003. El gobierno de la Generalitat, sin embargo, concedió una nueva autorización ambiental dos meses después y permitió su reapertura.
Jordi Pujol Ferrusola recibió compensaciones económicas tanto por el asesoramiento de las empresas que promovían el vertedero como por el rendimiento en la compra-venta de acciones de las que formaron el complejo entramado de sociedades que había detrás. «En cada ocasión que se paralizaba el proyecto judicialmente, se reproducían las gestiones para conseguir la reapertura y abonaban nuevas facturas», se lee en el auto. En las diversas operaciones económicas en las que participó el primogénito del ex-presidente de la Generalitat ganó, según el juez, más de cinco millones de euros.
