El debate de investidura de Pere Aragonès como candidato a la presidencia de la Generalitat evidenció, una vez más, que actualmente hay muchas posiciones políticas sobre qué rumbo debe adoptar Cataluña en los próximos años. El futuro presidente y el futuro gobierno deberán tener en cuenta esta pluralidad de opciones políticas si quieren empezar a recoser las heridas de los últimos años.
Por este motivo, es muy sorprendente que Aragonès, aunque enfatizó la diversidad política existente, se dirigiera en la práctica totalidad de su discurso a los grupos independentistas. Es cierto que la voluntad del candidato de ERC es gobernar con JxCat y la CUP, pero su alocución no era para dirigir una asamblea independentista sino para presidir el gobierno catalán. No resulta muy compatible querer ser el presidente de toda la ciudadanía de Cataluña y, al mismo tiempo, proponer un «acuerdo nacional por la amnistía y la autodeterminación».
Los resultados electorales del pasado 14 de febrero muestran que no hay unanimidad en la sociedad catalana sobre si los presos independentistas deberían estar o no en cárcel (con el sobreentendido que es el poder judicial y no la ciudadanía quien decide sobre eso). La actual cámara catalana evidencia que al respecto hay, a grandes rasgos, tres posturas: la independentista, la del statu quo (PP, Cs y Vox) y la de los indultos y o la reforma del delito de sedición (PSC y comunes).
Si bien es cierto que la vía de la amnistía es la que cuenta con más apoyo parlamentario, el planteamiento de que la política tiene herramientas para que los líderes independentistas puedan estar fuera de la cárcel (pero que no están allí por sus ideas políticas) es lo que ha crecido más: ha pasado de los 25 escaños a los 41 (aunque un sector de los comunes es más cercano a los independentistas que a los socialistas en este tema).
Por el contrario, el mantenimiento del statu quo, es decir, que el Congreso no reforme el delito de sedición ni que el gobierno central pueda conceder los indultos, ha perdido 20 escaños, ya que en la anterior legislatura PP y Cs sumaban 40 parlamentarios.
Los dirigentes independentistas son perfectamente conscientes de que la amnistía no tiene cabida en el marco jurídico y político actual porque saben que las votaciones que se aprobaron en el Parlament en 2017 pisaban los derechos de las minorías, no contaban con el apoyo necesario y vulneraban tanto el Estatuto de Cataluña como la Constitución Española, nuestros marcos de convivencia. Esto no quita, sin embargo, que la salida de los presos independentistas favorecería la tarea política en Cataluña. Ahora bien, sería bueno que se comprometieran, tanto si finalmente se les indulta como si no, a alcanzar sus objetivos políticos por las vías legales, es decir, por las democráticas.
Es cierto que ni la concesión de los indultos ni la reforma del delito de sedición no dependen ni de la cámara catalana ni del gobierno catalán, pero los resultados electorales indican que si el independentismo adopta posturas más flexibles y realistas podría llegar a acuerdos con algunos partidos no independentistas que favorezcan la convivencia, reduzcan la crispación y avancen hacia la necesaria reconciliación.
Pero para que esto se produzca, el independentismo tiene que hacer un giro de 180 grados y dejar de menospreciar y vetar al PSC. Sorprende el tono y las críticas contra los socialistas catalanes por la situación de los encarcelados cuando Miquel Iceta ya apuntó la posibilidad del indulto durante la campaña electoral de 2017.
Una comunidad no se construye sobre el rencor, el odio o el desprecio. Si el Parlament acaba eligiendo en los próximos días a un presidente, éste tendrá el enorme reto de construir puentes entre la esfera independentista y la que no lo es. No hacerlo nos abocaría, nuevamente, al abismo.
