Cerrado el acuerdo que da a Junts la presidencia del Parlament

El pacto contempla que la CUP tenga por primera vez una de las secretarías de la mesa de la cámara

El Parlamento de Cataluña, vacío

Acuerdo entre ERC y Junts para que la presidencia del Parlament recaiga en manos del partido de Carles Puigdemont. Según confirma un comunicado de ERC, el entendimiento se habría cerrado después de las últimas conversaciones de la mañana de este jueves, sin que todavía se haya concretado el nombre de la persona que ocupará la presidencia. El escrito confirma que los republicanos asumirán una vicepresidencia de la Mesa.

ERC insiste en que continuarán trabajando en los próximos días para alcanzar un acuerdo global que dé «estabilidad y la máxima fortaleza» no sólo en el Parlament, sino también al Govern.

Junts reunirá su ejecutiva esta tarde para decidir si la silla de la presidencia parlamentaria recae en la candidata del 14-F, Laura Borràs. La exconsellera duda entre este cargo y el de la vicepresidencia de la Generalitat. Varios dirigentes de la dirección del partido reclaman que Borràs asuma la presidencia de la cámara. En este caso, la jefe de filas en Barcelona, ​​Elsa Artadi, podría ser la persona fuerte de Junts en el Ejecutivo.

Desde JxCat aseguran que la presidencia del Parlament les corresponde por los resultados del 14-F, y que no han tenido que pactar ni ceder en nada. Junts ha reivindicado la silla presidencial de la cámara desde el inicio de las negociaciones.

El acuerdo incluye que la CUP entraría por primera vez en la Mesa con una secretaría. Según los republicanos «la mayoría independentista que las urnas dibujaron el 14-F se traducirá este viernes en una Mesa del Parlament con mayoría independentista» donde estarán incluidas las tres formaciones por primera vez. Así, los independentistas se llevarán cuatro de los siete representantes.

Los anticapitalistas avalan que Junts tenga la presidencia de la cámara, pero de momento vetan el nombre de Borràs al cargo, por la causa judicial abierta al Supremo y la «presunta mala praxis» que recae sobre la ex consellera de Cultura.

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