Las campañas electorales son el escaparate de las diferentes propuestas políticas, pero también son una puesta en escena, ciertamente teatral, de mensajes grandilocuentes y declaraciones menudo excesivas. No dejan de ser propuestas sobre la gestión de la res publica y a menudo, y más en el actual contexto, parecen propuestas de cómo gobernar con la ciudadanía como objeto más que como sujeto.
Las mujeres sabemos en propia piel qué significa, dado que las desigualdades provocadas por un patriarcado profundamente arraigado han naturalizado las desigualdades de forma extrema. Desde la crisis de 2008 las desigualdades sociales y económicas se han ensanchado y la crisis provocada por la pandemia ha producido que sólo sea posible la recuperación económica y de derechos a partir de un cambio real.
Es desde este convencimiento que observar desde fuera una campaña electoral – en plena pandemia, llena de incertidumbres y de miedos- es como asistir a un espectáculo extravagante. Por un lado, los ataques que se dedican -especialmente los que más llaman a la unidad-; por otro, la desafección política provocada por la pandemia pero también por cómo se ha planteado todo.
Lo que debería ser el ejercicio de un derecho democrático se ha dirimido en el juzgado y el derecho más fundamental de todos ha pasado a un segundo plano. No debería sorprendernos en un momento en que el coronavirus ha servido también de excusa para recortar algunos derechos que ya estaban amenazados, en un sistema que se dice democrático pero que cada vez es más tecnocrático.
Así, en estas elecciones nos encontramos ante el dilema de ejercer un derecho que algunos utilizan contra el derecho común, política ciertamente maquiavélica: la razón de estado por encima de cualquier otra consideración. La ley, o su interpretación, pasa por encima de los derechos. Algunos ejemplos: vemos que la ley dice que se deben regular los alquileres y, en cambio, alguien decide que se llevará al Constitucional y queda detenida. La ley magna dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y, en cambio, en plena crisis social, económica y sanitaria se sigue desahuciando a pesar de los ERTE, la subida del paro y la caída de la economía. Trabajadores y trabajadoras esenciales dedican tiempo y riesgos con sueldos misérrimos mientras las transnacionales enriquecen a sus directivos, pero el derecho al trabajo y una vida dignas están en nuestra legislación. Son sólo algunos ejemplos de los muchos que cualquier persona puede encontrar en su día a día.
Y¿cuál es la propuesta política? ¿La oferta electoral? ¡La buena gestión! Las personas expertas y los técnicos y técnicas se disputan notoriedad, no tienen consensos pero enmiendan la plana y las propuestas políticas son incapaces de hacer una propuesta de transformación social. En lugar de combatir los atrasos y desenmascarar al fascismo se opta por una buena gestión, como medida de las cosas. Si queremos alguien que gestione ya vamos a la gestoría, ya tenemos quien ocupa un puesto de trabajo o un cargo en la administración que está al servicio del pueblo y tiene la obligación-porque de hecho es su trabajo- de hacer buen trámite de los asuntos de la cosa pública.
Lo que se reclama a las propuestas políticas es mejorar la cobertura de los derechos sociales, una sociedad basada en la equidad, incrementar políticas para el bienestar de las personas, profundizar en los derechos democráticos, favorecer una participación activa, trabajo y condiciones laborales dignas, política de vivienda, Renta Básica, educación pública de calidad, construir una sociedad abierta, acogedora y justa, en definitiva poner las personas en el centro. Se pide dejar de jugar a hacer política en los juzgados y construir un país más libre y más justo.
La excesiva prudencia política -que no retórica- y hacer de la gestión de la administración la virtud máxima de la oferta electoral, acaba provocando la centralidad de las propuestas extremistas, populistas, negadores y estrambóticas de la ultraderecha. La virtud política centrada en la idea de buena gestión, sin cambios no sirve en estos momentos. Garantizar la seguridad significa garantizar los derechos y dejar de inocular el miedo para hacernos sentir inseguras. Garantizar la seguridad no es utilizar la fuerza sino cumplir con lo que la ley recoge: promover la igualdad, la justicia, la cohesión social.
Prudencia política, virtud y fuerza, las bases de El Príncipe, ¿es esta la oferta política? Es inmoral seguir haciendo propuestas en base a la autocontemplación política, necesitamos propuestas innovadoras, progresistas que transfiguren el actual panorama, dejar de blanquear, por la vía de los hechos. Se puede interpretar mis palabras como una crítica a los partidos que gobiernan las diferentes administraciones, pero es una enmienda a la totalidad a todo el sistema, un sistema que sostienen también desde la oposición. Cierto es que no podemos cambiar una pandemia con la política pero sí construir puentes de convivencia y una eficacia que tenga como objetivo mejorar la vida, las vidas.
Hay que defender firmemente los derechos, hay que ejercer, el próximo 14 de febrero, el voto -para detener las mentiras del fascismo populista- pero hay que reflexionar colectivamente y exigir una transformación estructural de las actuales políticas, de la actual manera de hacer política.
