Las cárceles de Wad-Ras, Lledoners y Puig de les Basses han vuelto a conceder el tercer grado penitenciario a los dirigentes del procés que cumplen condenas de 9 a 13 años como culpables de los delitos de sedición, malversación y desobediencia.
La propuesta, pendiente de la validación de los técnicos del Departamento de Justicia de la Generalitat para ser efectiva, se conoce después de que, el pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo revocara el tercer grado que ya habían concedido anteriormente las cárceles y el Departamento de Justicia.
Amand Calderó, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, ha anunciado este jueves la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles, contra la que puede recurrir la Fiscalía. El Supremo volverá a tener la última palabra sobre el mantenimiento de las condiciones de semilibertad que se puedan conceder.
Calderón ha afirmado en su comparecencia que la resolución de un tribunal o una clasificación «no podrán resolver un conflicto político», y que «el problema es que un tribunal les ha enviado a la cárcel«. Según el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, «poner el foco en el tratamiento penitenciario es una equivocación».
Cuando revocó este mes de diciembre la concesión del tercer grado, que consideraba prematura, el Supremo atribuyó a la Generalitat una «relectura» de la sentencia que «disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado», con el que señaló que se vaciaba «la respuesta penal» de la justicia.
