La investigación sobre siete efectivos de los Mossos d’Esquadra por su actuación para impedir la celebración del 1-O se ha cerrado con el procesamiento de todos ellos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, cuyo titular aprecia la existencia de «indicios de desobediencia grave a la autoridad judicial».
El juez instructor señala que los mossos investigados se habrían limitado al levantamiento de actas sobre la situación de varios centros de votación, indicando si estaban abiertos o cerrados y si había personas dentro, «sin que se tomara ninguna medida efectiva» para impedir su uso el 1 de octubre de 2017.
En particular, indica que existen indicios de que las pautas establecidas por los Mossos para cumplir las órdenes de la justicia fracasaron como «consecuencia del mismo propio y cumplimiento del plan y de la actitud de omisión de los diferentes miembros del cuerpo». Además, considera que se trató de «una simple fachada de cumplimiento» y que las pautas «no eran idóneas para ejecutar de forma eficaz» las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los siete mossos, cinco mandos y dos agentes, quedan a un paso del jucio por su actuación entre los días 26 y 30 de septiembre de 2017, cuando se convocaron concentraciones y actos ante centros del Vallès con el probable objetivo de «impedir u obstaculizar el cierre» de estas instalaciones y así poder emplearlas como puntos de votación del 1-O.
En cambio, el mismo juez ha archivado la investigación sobre el mayor Josep Lluís Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos de hace tres años, aduciendo que el plazo para pedir nuevas diligencias ya se había agotado cuando recibió la investigación que los afecta, procedente del juzgado de Cornellà de Llobregat. El instructor, por otra parte, refleja que la desobediencia grave que atribuye indiciariamente a los siete mossos procesados en este caso podría parecer algo «absurdo o ilógico» tras la reciente absolución de Trapero en la Audiencia Nacional.
