La Generalitat, en el Decreto-Ley 39/2020 sobre medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19, se ha comprometido a mejorar la financiación de las entidades del Tercer Sector, pero llegan tarde y mal. Tarde, porqué es una reclamación que las entidades de servicio a los colectivos más vulnerables piden desde hacer más de diez años. Y mal, por qué el aumento no llega, ni de lejos, al 33% exigido por el Tercer Sector para poder regularizar la situación generada con los recortes del Govern de Artur Mas, en 2008, y todavía sufren, en lo que ya califican, como «década perdida».
Las entidades que conforman la Alianza para la mejora del sistema de protección de la infancia, la adolescencia y los jóvenes en situación vulnerable han reportado una mejora insuficiente de las tasas , y que conforman las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Federación de Entidades de Atención y Niños y Adolescentes (FEDAIA) y la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA).
Estas entidades sociales consideran que el aumento de las tarifas contempladas en el decreto ley es un gesto de la Generalitat, pero denuncian que se han excluido las ayudas a los servicios no incluidos en la Cartera de Servicios Sociales en áreas como la pobreza, la inclusión social, la educación o la interculturalidad. Algunas áreas, como dicen, crónicamente infrafinanciadas.
Por esta razón, en un comunicado, la Alianza para la Mejora del Sistema critica que el aumento no es «ni lineal ni igualitario» y que este hecho profundiza las desigualdades entre entidades y profesionales, que exigen negociaciones colectivas para mejorar sus condiciones de trabajo.
El Tercer Sector pide un plan de choque urgente para garantizar la sostenibilidad económica de estas entidades, y que pase por una actualización de las tasas, el pago de las facturas aún pendientes y daría las subvenciones prometidas. Los precios de las personas más vulnerables han estado congelados durante diez años, causando una gran inestabilidad en el sector.
La crisis socioeconómica del covid-19 no ha hecho más que exacerbar las consecuencias del declive económico que se ha prolongado desde 2008. Las entidades, para satisfacer las demandas de ayuda, han ampliado la cobertura de servicios aunque no han visto mayores tarifas pagadas por la Generalitat por gastos y eso las deja con facturas impagadas, subsidios no compensados, salarios congelados y servicios por debajo del mínimo.
Ecas, Fedaia y Fepa piden un paso firme, y el compromiso, del Gobierno de proporcionar a las entidades los recursos necesarios, aumentando la financiación en un 33%, con el fin de atender y ofrecer un servicio de calidad a los niños, jóvenes y familias que más lo necesitan.
