El magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito por su comportamiento en el asunto del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Iglesias. Asimismo, también solicita que se investigue a la diputada de Unidas Podemos Gloria Elzo, al miembro de Podemos Raúl Carballedo y a la abogada Marta Flor por los mismos delitos.
García-Castellón considera que existen indicios de que Iglesias destruyó la tarjeta que contenía información íntima de Bousselham y que fingió, creando un relato planificado y fraudulento, sobre una supuesta filtración del contenido por parte de cargos policiales y de Interior -las "cloacas"- para, de este modo, beneficiar electoralmente a Podemos.
El juez destaca que, el 20 de enero de 2016, Iglesias recibió del presidente de Grupo Zeta, Antonio Asensio, la tarjeta que era de Bousselham, pero que el líder de la formación morada evitó entregarla inicialmente a su propietaria después de consultar el contenido y que, cuando lo hizo, el dispositivo de memoria se encontraba en un estado "inservible".
La condición de aforado ha impedido que el magistrado instructor impute a Iglesias, quien se ha pronunciado a favor de suprimir los aforos, por lo que ha tenido que elevar exposición razonada al Supremo. El vicepresidente segundo, preguntado en un debate electoral de 2016 sobre las circunstancias en las que asumiría responsabilidades políticas por un caso de corrupción en su partido, manifestó: "Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto".
Por otra parte, la formación liderada y fundada por Iglesias estableció inicialmente que sus cargos electos e internos tenían que renunciar a sus puestos, públicos o de partido, y tambén a ser candidatos, si eran imputados, procesados o condenados por delitos que concretara el reglamento publicado por la comisión de derechos y garantías del partido. Finalmente, este código ético eliminó en 2018 la renuncia en caso de imputación, limitándola a los supuestos de procesamiento y condena.
Este mismo miércoles, durante la sesión del Senado, representantes del PP han gritado "¡dimisión!" contra Iglesias. El procedimiento contra el vicepresidente segundo tiene que pasar por la Fiscalía – encabezada por la exministra socialista Dolores Delgado-, que tendrá que pronunciarse sobre la admisión a trámite en el Supremo. Iglesias podría ser citado a declarar sin que se solicitara el suplicatorio, una petición para proceder contra él que, para prosperar, tendría que ser aprobada por mayoría en el Congreso, para lo que es imprescindible el voto favorable de la bancada del PSOE, socio de Iglesias en el gobierno. El Congreso no deniega un suplicatorio desde 1998.
