Gosford Park (Robert Altman, 2001, disponible en Filmin) es una de esas películas que durante una temporada veía una vez al año. La cinta cuenta un lío coral estilo Cluedo en una mansión de campo inglesa. Yo la miraba sobre todo para ver trabajar a las bestias que actúan y por una vulgar fascinación que reconozco por los gustos y costumbres de la clase alta inglesa. En una escena, uno de los invitados canta desde el piano para amenizar la velada. Cuando termina cada canción los congregados aplauden con más o menos entusiasmo en función del tamaño de su cuenta corriente. La veterana de la fiesta, una deliciosa Maggie Smith haciendo de vieja inglesa podridamente rica pide al grupito con quien juega a las cartas: "no por favor, no la aplaudáis, sino no parará nunca".
El presidente Torra ha sido inhabilitado por el asunto de la pancarta en el palacio de la Generalitat durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2019. La sentencia es una barbaridad desproporcionada y muestra una vez más la hiperactividad represiva de los tribunales españoles contra los independentistas. Ahora bien, vale la pena preguntarnos qué nos llevado a que los líderes independentistas hayan pasado de arriesgarse a problemas legales por poner urnas, a hacerlo por una pancarta en un edificio. Así pues, y a pesar de que es injusto, hay dos elementos sobre el asunto que lo convierten en una performance de salón, sin piano ni canciones ligeras, más que en una noble batalla por la dignidad de Catalunya: la cuestión de los derechos fundamentales y la pericia en la gestión del tema.
En cuanto a los derechos fundamentales, parece que se ha instalado el relato según el cual la sentencia vulnera la libertad de expresión, como si el palacio de la Generalitat fuera un rapero que canta contra los Borbones, un periodista que critica al poder o un ciudadano anónimo que se manifiesta. Pero no es cierto que un poder público ejecutivo tenga libertad de expresión como la tengo yo escribiendo este artículo. No es cierto porque la Generalitat también tiene capacidad coercitiva contra la libertad de expresión, como toda administración, y porque los derechos fundamentales son de las personas, no de las administraciones. El palacio de la Generalitat no está pues a disposición de ningún político ni de ningún funcionario como lienzo para que ejerzan su derecho a expresar opiniones libremente.
Por tanto, hay que ser prudentes a la hora de expresar determinados mensajes políticos por los canales de la administración, también de sus edificios. Y aunque no está claro qué determina cuando un símbolo es suficientemente de consenso como para ser aceptable en los edificios administrativos, si valoramos el que nos ocupa, hay que decir que desgraciadamente la reclamación de libertad de los presos políticos ha generado menos consenso del que hubiera podido generar si el 27 de octubre de 2017, con la declaración de independencia, no se hubiese convertido el 1 de octubre en patrimonio exclusivo de los independentistas más radicales.
El segundo elemento es aún más palmario porque habla de la pericia del presidente Torra tomando decisiones siendo perfectamente conocedor del entorno en el que las toma. Los presos políticos y exiliados pueden aducir desconocimiento sobre cómo reaccionaría el Estado ante el referéndum; al fin y al cabo, el 9N de 2014 se había saldado con inhabilitaciones y multas, penas bastante graves pero sin privación de libertad. Pero sabiendo cómo actúa el Estado después de 2017, el presidente Torra decidió no retirar la pancarta (a tiempo) siendo perfectamente consciente de que la desobediencia podía llevar muy probablemente a una inhabilitación. Es como si en 2017 se hubiera optado por almacenar las urnas en las caballerizas del palacio de la Generalitat a la vista de todos. Reclamar a los líderes independentistas que actúen con pericia sin dejarse atrapar por la represión no es legitimarla, es pedir que nos demuestren que su tarea y lo que pueden aportar al país va más allá de ser simples hombres de paja en una campaña de desprestigio del Estado aprovechando sus graves carencias democráticas.
Así pues, toma fuerza la hipótesis de que el Presidente actuó sabiendo que sería inhabilitado o incluso con el objetivo de serlo. Y como ahora resulta que la confrontación pasará a ser inteligente, hay que preguntarse qué tiene de inteligente un nuevo rifirrafe que ni ampliará las fronteras del apoyo social a la independencia y el derecho a la autodeterminación, ni mejorará la soberanía de Catalunya.
Yo no tengo ni la fortuna, ni la elegancia, ni la experiencia de la Sra. Trentham de Maggie Smith en Gosford Park, pero me gustaría pedir a parte del independentismo que deje de aplaudir con sus votos la táctica de la performance permanente que sólo hace que reducir el prestigio de nuestras instituciones y el perímetro de la afección con Catalunya y su futuro.
