Más de 170.000 personas en Barcelona sufren frío, no tienen su casa a la temperatura adecuada, o tienen cortes de suministros básicos por no poder hacer frente a los recibos. "Un 9% de las personas no tienen su vivienda en condiciones, y es un dato que ha subido dos puntos desde 2017. Es la otra cara de la pobreza, quizás no tan evidente, pero que existe y se sufre", explica Susanna Roig, coordinadora del grupo de trabajo del Derecho a la Energía de la Mesa del Tercer Sector.
Una pobreza que aumenta año tras año y que mantiene enfrentados a los grupos energéticos y las administraciones. En verano muchos ayuntamientos catalanes recibieron una carta de Endesa en que amenazaba con cortar el suministro a los ciudadanos con deudas acumuladas si las administraciones no se hacían cargo de la mitad de la deuda. Las cartas llegaron en verano, pero a las puertas de un invierno especialmente crudo, el conflicto todavía se mantiene abierto. Generalitat y Endesa están negociando un acuerdo para saber quién se hace cargo, finalmente, de las facturas de las familias más vulnerables.
Pero mientras políticos y empresarios se ponen de acuerdo, el frío ya ha llegado y los colectivos más pobres continúan sin poder calentar la casa. Cuando la opción es comer o tener calefacción, la decisión es muy clara, a pesar de que el suministro de la energía está amparado por la ley 24/2015. "Hace falta, pero, desplegarla para que se pueda garantizar la energía como derecho indispensable para todo el mundo", afirma Roig.
Según la ley, las familias más pobres que no pueden pagar los recibos básicos tienen que tener derecho a luz, agua y gas, pero tienen que ser familias acreditadas como vulnerables por los servicios sociales. "No todo el mundo entra en los baremos", afirma Roig, "como los que están realquilados en una habitación, los que no tienen los servicios a su nombre o los que no están en el mercado regulado, como la inmigración ilegal. Son colectivos en riesgo de exclusión pero a los cuales no se aplica el bono social".
La radiografía de la pobreza energética en Barcelona tiene nombre de mujer. De todas las ayudas que se piden al Ayuntamiento para hacer frente a los gastos energéticos, el 70% corresponden a peticiones de mujeres. Un dato que se explica porque el 43% de los hogares monoparentales, formados por madre e hijos, son las que tienen más riesgo de sufrir necesidad por no poder acceder a los suministros básicos.
Según un informe del Observatorio de Ingenieros sin Fronteras y la PAH, hecho con perspectiva de género, el 30% de las mujeres entrevistadas decían tener un trabajo a tiempo parcial y sin asegurar. Según el mismo informe, el colectivo de mujeres que se dedican a tener cuidado de los otros tienen un 80% de probabilidades de sufrir pobreza.
