Jorge y Sandra son hijos de dos inmigrantes que llegaron a Barcelona provenientes de otros puntos del Estado en los años sesenta. Cómo tantos otros. Su padre venía de un pequeño pueblo de Jaén y su madre de una localidad de Burgos. Él se pasó algunos años viviendo en las barracas de Montjuic en unas condiciones muy precarias con su padre que era albañil, hasta que accedieron a un piso en el Poble Sec. Ella, que fue enviada a Barcelona con una tía a petición de su madre para que encontrara un futuro mejor, entró a trabajar de asistenta en una casa de la Ciudad Condal. Bastantes años después de llegar a la capital catalana, se conocieron, se casaron, se fueron a vivir al barrio de Sant Andreu y tuvieron Jorge y Sandra.
Los dos ya están jubilados; ella ha trabajado de asistenta y limpiando casas durante buena parte de su vida y él arreglando y supervisando el funcionamiento de ascensores. Aun así, los dos eran conscientes de que el ascensor que realmente había que arreglar era el social. Deseaban que sus hijos pudieran estudiar y tuvieran la oportunidad de llegar a la universidad. Sabían perfectamente que lo tendrían más difícil que otros compañeros de sus hijos, cuyos padres podían ser ya universitarios o tener alguna titulación de estudios superiores. Actualmente, Jorge es ingeniero industrial y Sandra enfermera.
La historia de los padres de Jorge y Sandra es la de centenares de miles de trabajadores de nuestro país. Familias que saben lo que ha costado que sus hijos fueran la primera generación universitaria de la familia.
Estos últimos días, viendo lo que ha sucedido en algunas universidades catalanas, me ha venido a la mente su relato vital. No todo el mundo puede permitirse faltar a clase. No todo el mundo sabe lo que supone estar en una clase en la universidad. Para muchas familias el voto y, en consecuencia, la defensa de la universidad pública, son las únicas armas de que disponen. Son perfectamente conocedores de los esfuerzos económicos y de los sacrificios que han tenido que hacer para que sus hijos hayan podido llegar a la universidad pública.
Por todo esto, es enormemente preocupante el descrédito que ha experimentado la universidad pública en las últimas semanas, más allá de los comunicados hechos por algunos centros respecto a la sentencia del proceso. Lo más inquietante de todo, actualmente, es la devaluación que pueden sufrir muchas titulaciones universitarias fruto del acuerdo que han adoptado algunas universidades de poder acceder a la evaluación única. En otras palabras, presentarte sólo a un examen para superar una determinada asignatura.
Las reflexiones que me planteo respecto a esta cuestión son diversas. En primer lugar, hay carreras en que una buena parte del grado proviene de prácticas o de actividades como seminarios que implican la realización de trabajos en grupo o la asistencia a conferencias. Sin ir más lejos, el grado que estoy cursando, el de periodismo, consiste en la elaboración de bastantes noticias, crónicas o reportajes, entre otros. Es imposible realizar estas tareas llevando a cabo únicamente un examen.
En segundo lugar, la decisión de la evaluación única defiende los intereses de una parte de los estudiantes y no los de todo el colectivo estudiantil. Me comentaba hace unos días un profesor de mi facultad con quien mantengo una buena relación que esta era la salida menos conflictiva. Coincido absolutamente con él. Aun así, tampoco se puede pasar por alto que la solución adoptada por el rectorado de diferentes centros universitarios es el resultado de la imposición de algunos estudiantes independentistas que bloqueaban el acceso de algunas facultades. Por lo tanto, no es fruto de la palabra y la escucha que son las que tendrían que guiar las conductas y los comportamientos en una sociedad democrática como la nuestra. Y, en tercer lugar, es la constatación de que la idea que tiene el gobierno de la Generalitat de las huelgas se ha extendido por amplios sectores de la sociedad catalana: hacer huelga no tiene ningún coste.
La universidad pública tiene que recuperar el prestigio que ha perdido en las últimas semanas. Los rectores y los máximos responsables universitarios no pueden perder de vista que los grados universitarios y la formación que estos implican cohesionan a las sociedades, permiten igualar las oportunidades y representan un hito muy importante para familias como la de Jorge y Sandra, que no habían tenido una primera generación universitaria hasta entonces.
