El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros aprobaría un real decreto ley para poner fin a la pretensión de la Generalitat de crear la república digital catalana.
El decreto fue aprobado y este martes ha sido publicado en el BOE, y en él se introducen medidas encaminadas a reforzar el control sobre datos públicos y telecomunicaciones en casos "excepcionales".
El ejecutivo ya disponía de facultades en este campo si aducía razones de seguridad pública, pero ahora y ante lo que el propio texto califica como "graves acontecimientos acontecidos en parte del territorio español", sin citar explícitamente Cataluña, introduce la posibilidad de cortar los servicios de comunicaciones electrónicas privados.
Mediante el decreto el gobierno español modifica seis leyes –como la de Telecomunicaciones- y un decreto ley y refuerza las facultades del Ministerio de Economía de intervenir o cortar servicios de internet de manera "excepcional y transitoria" en el caso "de amenaza grave e inmediato para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".
El ejecutivo quiere evitar de este modo el uso de datos fiscales o del censo electoral para otras finalidades y combate la posibilidad de utilizarlas para la convocatoria de otro referéndum como el del 1-O.
