Muchos ciudadanos se preguntan qué solución tiene el caso Catalunya. O cómo será el fin del mal llamado conflicto. Ante la situación creada por un gobierno central negligente y carcomido por la corrupción y unos desaprensivos dirigentes que se aprovecharon de la buena fe de miles de sus conciudadanos, engañándolos con cantos de sirena independentistas, para encubrir despreciables delitos de corrupción cometidos en la comunidad autónoma, el panorama exige rigor, jurídico y político. Dos concepciones complementarias y en algunos casos difíciles de amalgamar.
Observamos que en ambos casos la corrupción es un elemento que está presente, poniendo en riesgo la estabilidad institucional de la nación. En el ámbito jurídico, la justicia tiene que velar por el respeto y observancia del estado de derecho, único, irrenunciable e innegociable valor vertebrador de una sociedad democrática. Si no es así, nos encontraríamos ante la descomposición de uno de los pilares básicos de la convivencia y, por lo tanto, en la desaparición del propio estado. Esto exige rigor y responsabilidad en las resoluciones, ante hechos que vulneran los principios constitucionales, que son la esencia misma de la razón de ser de una sociedad civilizada.
La aplicación de las leyes tiene que garantizar y transmitir a la sociedad el mensaje inequívoco de que no es posible la impunidad. Pero la aplicación de condenas desproporcionadas, como la larga prisión preventiva de la que son víctimas los procesados que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, no contribuirá en nada a la solución del problema creado.
Las resoluciones tendrían que contemplar sus consecuencias o daños colaterales. Largos años de condena enquistarían en el panorama político futuro una situación de difícil solución creando un caldo de cultivo propicio para la radicalización del problema y agravaría la fractura ya existente en la sociedad catalana. Por otro lado, los hechos cometidos exigen una respuesta condenatoria que no deje dudas sobre su gravedad. Si no es así, el Estado de derecho estaría en peligro. Desde el aspecto político, las soluciones pasan por la honestidad, la generosidad, la inteligencia y el talento de los actores, que salvo algunas excepciones, no se prodigan en el panorama actual, y menos en el supuesto que nos ocupa.
Los políticos involucrados, de ambos lados, se han olvidado de sus gobernados haciendo un ejercicio de total desprecio a la ciudadanía: el gobierno de Mariano Rajoy negando el diálogo de forma irresponsable y judicializando la vida política y los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, enrocados en una fuga hacia ninguna parte, suicida e irrealizable, con el agravante de que los dos eran conocedores del despropósito y el engaño que cometían.
Ante el escenario electoral inmediato que se nos presenta, tenemos unas formaciones que siguen abogando por la mano dura: PP, Cs y ahora Vox. Aplicación sin restricciones del artículo 155 e ilegalización de partidos independentistas, son algunas de las propuestas de estos partidos, totalmente alejadas de cualquier interés político que contemple el bien común y la buena convivencia en la sociedad. Del otro lado ERC, Junts pr Catalunya y la CUP, que siguen manteniendo sus aspiraciones secesionistas, y reclamando la representación y el mandato del pueblo catalán, una posición forjada más en unos intereses muy determinados que en la realidad, donde no llegan a representar ni el 50% de la ciudadanía catalana.
Es la hora de la honestidad, de exigir a los políticos transparencia y reclamarles respuestas concretas y no los cantos de sirena que vendieron. Es la hora de la generosidad, que en ningún caso tiene que ser entendida como debilidad. La generosidad exige renuncia: muchos actores actuales tendrían que dar un paso al lado y desaparecer del escenario que de forma irresponsable han creado. Es la hora de la inteligencia y el talento, de desarrollar acuerdos creativos teniendo en cuenta el bien común y la restauración de unas vías factibles para el futuro, no basadas en réditos electorales, ni en aspiraciones a ocupar pedestales de ilustres patriotas para la posteridad.
En definitiva, impunidad ninguna, condena desproporcionada ninguna, ¿quizás la inhabilitación para cargo público de los actores principales?
