El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tiene su aprobación final por la Asamblea de NNUU el 19 de diciembre, parecía, mientras se preparaba a principios de año, que iba a dar poco que hablar. Sin embargo, la controversia comenzó cuando Donald Trump retiró a los Estados Unidos del mismo, y después le siguieron en cascada Hungría, Israel, Australia, Suiza, Italia, Austria, Bulgaria, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Estonia y Letonia. Todos alegaban que el Pacto coarta la soberanía nacional y obliga a aceptar ciertas reglas favorables a los inmigrantes, reglas que no quieren admitir todos esos gobiernos que han destacado por sus políticas antiinmigración.
A la vista de tales reticencias y, sobre todo, de quienes las formulan, cabría pensar que estamos ante un buen Pacto, o sea, que por fin van a ser respetados los derechos de las personas migrantes, y que habrá una gestión internacional de las migraciones que las harán seguras, ordenadas y regulares (como reza el título del Pacto).
Nada más lejos de la realidad.
El documento final aprobado es un compendio de buenas intenciones que, de cumplirse, supondrían (la mayoría) mejoras sustanciales en la situación de las personas migrantes. Impele a los Estados a favorecer la migración regular y a respetar la dignidad, el bienestar y los derechos humanos de esas personas; anima a la cooperación y al diálogo entre los Estados para reducir la vulnerabilidad de las migraciones; etc. Entre sus 23 objetivos, encontramos aspectos como el de mejorar la disponibilidad de rutas para los migrantes, o el de salvar vidas en los trayectos.
Así, ¿dónde está el problema? Lo primero a señalar es que no se trata de un acuerdo vinculante. Bien al contrario, deja en manos de los Estados toda la capacidad de decisión para que formulen sus propias políticas migratorias. La llamada soberanía nacional, que tanto preocupa a esos gobiernos mencionados más atrás, queda, por desgracia, plenamente garantizada, pero con ello el Pacto se convierte en un listado de recomendaciones que los Estados pueden adoptar o no, a su particular criterio.
Resaltaré un par de aspectos. La distinción entre “migrantes regulares” e “irregulares”, que tantas vulneraciones de los derechos humanos les genera a estos últimos, también queda en manos de los Estados, y el texto lo dice explícitamente.
Quisiera recordar aquí que el estatus de migrante en situación irregular depende más del país receptor que del propio migrante. Éste lo único que hace es salir de su país porque lo necesita (a veces le va la vida en ello), pero se encuentra con unas leyes restrictivas en el país al que llega que no le permiten acceder a un estatus legal; y finalmente, esa situación se traduce en una severa merma a sus derechos como persona.
¿Y qué dice el Pacto sobre la externalización de fronteras que tanto practica la Unión Europea? La externalización de fronteras es, básicamente, ese conjunto de acuerdos que la UE o los Estados miembro han suscrito con países como Marruecos, Libia, Egipto, Turquía, Etiopía, etc., cuyo objetivo es que no dejen pasar a las personas migrantes y refugiadas hacia las fronteras europeas. Por decirlo de forma simple: se paga a estos países para que se queden ellos a los refugiados. Se trata de una práctica que genera gravísimas vulneraciones de los derechos humanos (incluida la esclavitud) y que cercena el derecho que tienen las personas refugiadas (las que huyen de conflictos o persecuciones) a solicitar asilo en un país europeo. Pues bien, el texto del Pacto no tiene referencias explícitas a esta realidad; anima a la colaboración entre Estados, pero no pone objeciones a acuerdos como los que he mencionado.
Para acabar, diré que todo pacto de buenas intenciones es mejor que no hacer nada, pero creo que, casi mejor que este pacto, sería que los gobiernos suscribieran la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (de 1990), una Convención que sí es vinculante y que no establece diferencias entre “regulares” e “irregulares”, pero que ningún país occidental receptor de migrantes ha querido firmar de momento.
