Decenas de periodistas se han concentrado este mediodía ante el Tribunal Supremo en defensa del secreto profesional de los informadores, una movilización difundida en las redes mediante la etiqueta #ElSecretoNoSeToca. Se trata de la reacción al hecho de que un juez de Palma de Mallorca ordenara registrar redacciones y confiscar ordenadores y teléfonos móviles de periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press en el marco de una investigación sobre el caso Cursach.
Por aquella actuación, los periodistas José Francisco Mestre (Diario de Mallorca) y Blanca Pou (Europa Press), así como los respectivos medios, han presentado una querella contra el juez instructor Miguel Jesús Florit, a quien atribuyen "un ataque letal" contra "una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y una vulneración "insólita" del secreto profesional.
El CGPJ dice la suya
Instado a posicionarse por un escrito que le han remitido más de 600 periodistas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, ha respondido que "sin una prensa libre, no es posible una sociedad democrática", y ha mostrado comprensión por la preocupación que han causado las medidas adoptadas por el juez Florit.
Sin embargo, el CGPJ ha recordado que no forman parte de sus competencias ni el control ni la revisión de las decisiones de un juez, como tampoco establecer los límites del derecho a la información, y ha recordado que son tareas que corresponden a los órganos jurisdiccionales. En este sentido, ha indicado a los periodistas que pueden recurrir a los procedimientos habilitados para plantear si se ha producido una vulneración de derechos.
