Un acuerdo para el rescate de los más vulnerables

El acuerdo entre el gobierno del PSOE y Podemos para el Presupuesto de 2019 es un acuerdo para rescatar a los ciudadanos más vulnerables: los que se han visto afectados por la crisis. Refleja una política económica que prioriza la protección social, la igualdad de oportunidades y la justicia fiscal, sin las cuales no es posible un crecimiento económico integrador. El acuerdo está condicionado a la anualidad del Presupuesto, no agota todos los ámbitos en los que es necesario actuar y algunas actuaciones son parciales. Marca, sin embargo, un giro social al restituir los efectos de los recortes y apunta a una nueva política económica más integradora: la igualdad de oportunidades sustentada en una fiscalidad más progresiva y más justa.

Los sectores sociales con más rentas y patrimonio no entraron en la crisis, y si o hicieron fueron generosamente rescatados por los trabajadores y por las clases medias, a través de la devaluación salarial y recortes de servicios, y con la aportación de recursos públicos por los rescates financieros, por considerar que ciertas instituciones eran demasiado grandes para dejarlas caer. El actual acuerdo abre una nueva visión en la que nadie es suficientemente pequeño para caer (Anthony Atkinson).

Giro social y más igualdad de oportunidades
El acuerdo, propone contener el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el rescate de las personas más vulnerables debido a la crisis: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, el acceso universal a la sanidad pública, revertir copagos farmacéuticos, aumento de becas, material escolar gratuito, reducir las tasas universitarias, modificar las condiciones de arrendamiento de viviendas, mejorar la protección por dependencia, combatir la pobreza infantil, la escolarización entre 0 y 3 años y establecer una estrategia nacional contra la pobreza energética.

También se propone recuperar empleos con salarios dignos: sacar de la pobreza a personas que ya tienen trabajo con el aumento del SMI hasta 900 €; subsidio de desempleo para mayores de 52 años; ampliar la no caducidad de los convenios colectivos, igualdad de condiciones de trabajadores subcontratados y entre hombres y mujeres, y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.

El acuerdo fija las bases de una política económica sostenible y respetuosa con el medio ambiente, recuperando políticas de ciencia e innovación y la transición energética. En su conjunto el aumento estimado del gasto público es de 5.137 millones de euros, un incremento del 3,1% sobre 2018 y el aumento de los ingresos es de 5.678 millones de euros, equivalente a un 5,7%.

Una fiscalidad más progresiva y más justa
Es justo que los recursos públicos necesarios se aporten en proporción a la renta y la riqueza de cada uno, y es justo que los aporten los sectores sociales que durante la crisis han mejorado sus rentas o han recibido generosas ayudas de fondos públicos. Por esta razón las rentas de retribuciones del trabajo y los ingresos de las PYME no se ven afectados por las reformas propuestas en el acuerdo.

El acuerdo propone en primer lugar, recuperar una fiscalidad progresiva, equitativa y justa: crear un tipo mínimo para el Impuesto de Sociedades sin afectar a las PYMES, bajar los tipos del 25% al 23% para las PYMES con facturación inferior a 1M €. En el IRPF se propone un aumento para rentas que sean superiores a 140.000 € y a 300.000 € y para las rentas de capital superiores a 140.000 €. El IVA de los productos de higiene femenina bajan del 10% al 4%.

En segundo lugar, la creación del Impuesto sobre Transacciones Financieras, que no grabará las acciones de PYMES ni a las empresas no cotizadas, y un Impuesto sobre Servicios Digitales para empresas con facturación mundial superior a 750M € y en España superior a 3M €.

Reconstrucción de un pacto social
Este cambio de orientación afecta a intereses de sectores sociales y económicos poderosos, y seguro que se alzarán voces alarmistas y exageraciones no fundamentadas pero es también una posibilidad para transitar de la desafección política a la regeneración democrática, y de la desregulación salvaje del capitalismo a la reconstrucción de un nuevo pacto social. Para hacerlo posible será necesaria una posición positiva de nacionalistas e independentistas, que parece que es difícil. Es el momento de verlo como la oportunidad de hacer frente al diagnóstico sobre el "proceso" de J.H. Elliot: "es la fealdad tras la sonrisa".

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