La magistrada del juzgado número 2 de Manresa ha cerrado la instrucción contra el payaso y concejal de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, y ve indicios de desobediencia grave por hechos ocurridos durante el referéndum del 1-O.
Ahora, la juez insta las partes –fiscalía y defensa- para que se pronuncien. Así pues, es el ministerio fiscal quién tendrá que decidir si acusa al concejal, o bien pide el sobreseimiento del caso y, por lo tanto, este se acaba archivando.
La magistrada constata que el 1 de octubre el acusado, en su calidad de teniente de alcalde, se encontraba en el interior del Ceip Joncadella después de haber constituido las mesas, y junto a otras personas cerraron las puertas del centro al ver llegar a la Guardia Civil.
Pesarrodona, según se recoge en el auto, manifestó a los agentes "que actuaban en función de la Ley catalana y no los dejarían entrar", a pesar de que sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido la celebración de esta consulta.
"El investigado representa como teniente de alcalde los poderes públicos del Estado, teniendo no sólo obligación de conocer las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, sino la obligación de acatarlas", reflexiona en el auto.
Por todo ello, concluye que hay motivos suficientes para atribuirle un presunto delito de desobediencia grave y da traslado de los hechos al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
