La Guardia Civil señala a 50 responsables del proceso

Llarena recibe un informe sobre la actuación de los supuestos miembros de los comités estratégico y ejecutivo, cinco integrantes de la Mesa y altos cargos de la Generalitat
govern de la generalitat puigdemont
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La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe sobre la actuación de 50 personas que señala como figuras clave en el intento de culminar el proceso independentista.

Además del ex-presidente Carles Puigdemont y el ex-vicepresidente Oriol Junqueras, considerados principales responsables, se señala como miembros de un comité estratégico a la secretaria general de ERC Marta Rovira -por los preparativos del proceso de ruptura-, a las diputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, -por su supuesta participación en determinadas reuniones y la presentación de propuestas sobre la DUI-, el ex-vicepresidente del Parlamento catalán Lluís Corominas, los dirigentes de la ANC Jordi Sànchez y Agustí Alcoberro, los dirigentes de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y Marcel Mauri, y el ex-presidente Artur Mas, entre otros.

En cuanto al supuesto comité ejecutivo, la Benemèrita apunta los nombres de los miembros del último gobierno de la Generalitat, entre los cuales el del encarcelado ex-consejero de Interior Joaquim Forn -clave por el papel de los Mossos d’Esquadra el 1-O-, el ex-titular de Sanidad ahora residente en Bélgica Toni Comín -a quien se relaciona con la gestión de los locales de la votación-, y la ex-consejera de Educación Clara Ponsatí, ahora residente en Escocia. También está Santi Vila. El alto cargo de la Vicepresidencia económica Josep Maria Jove es considerado una figura clave.

Asimismo, la Guardia Civil hace constar los nombres de los miembros de Mesa del Parlamento que prefirieron impulsar las leyes de desconexión a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara (incluido Joan Josep Nuet, de CSQEP), y también los de los secretarios generales de la Generalitat, a los que se atribuye el conocimiento de las medidas que el gobierno de Puigdemont pretendía aprobar. También consta Carles Viver Pi-Sunyer, arquitecto jurídico del proceso y ex-presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional.

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