La CUP ha propuesto 25 puntos para incorporar «en el programa de gobierno» con el objetivo de «materializar la República». Según la formación anticapitalista, clave en la investidura que pretende lograr Carles Puigdemont, la materialización institucional pasa por una lista de ambiciosas «propuestas concretas» que, de acuerdo con el posicionamiento del PDECat y ERC, son en buena parte irrealizables.
Una asamblea constituyente, el proceso constituyente -el Parlament instó el gobierno en este sentido el pasado 27 de octubre- y la creación de «organismos públicos de soberanía» entre los cuales los cupaires mencionan «banca pública, agencia tributaria, agencia de la seguridad social, judicatura propia y gobierno soberano de los cuerpos policiales», son los tres primeros puntos.
También reclaman la «titularidad pública y soberanía de las infraestructuras estratégicas, mediante las correspondientes agencias públicas: aeroportuarias, transportes, comunicaciones, agua y energía, y vivienda», así como la suspensión del pago de la deuda pública. Proponen, asimismo, la «internacionalización de la República» y la «construcción nacional de los Países Catalanes«.
En cuanto a «la materialización social», quieren un «plan de choque contra la pobreza» con la «pobreza 0» como objetivo, situar el salario mínimo en los 1200 euros y establecer un plan de apoyo «a las trabajadoras autónomas, y a la economía social y solidaria».
Además, plantean la «garantía efectiva del derecho a la vivienda«. En cuanto a educación, quieren la financiación pública de la educación de 0 a 3 años, la no renovación los conciertos con escuelas elitistas y que segreguen por sexo, un plan de creación de centros de secundaria, una provisión de plazas públicas de formación profesional que garantice el acceso universal y el acceso universal garantizado a la enseñanza universitaria.
En relación a la salud y los servicios sociales, proponen la recuperación de la gestión pública de «estructuras sanitarias privatizadas», un plan para suprimir las listas de espera y un plan de choque contra la violencia machista.
También reclaman la igualdad salarial entre hombres y mujeres, un plan de choque contra la corrupción, financiación que asegure la sostenibilidad de los medios de comunicación públicos, un nuevo sistema fiscal «redistributivo y progresivo», la suspensión de los desahucios y la garantía pública y universal de los suministros básicos de los hogares.
