La Fiscalía se ha pronunciado a favor de rastrear el origen de 850.000 euros de la caja solidaria con que la ANC y Òmnium Cultural ayudaron a miembros del Parlamento de Cataluña y del gobierno de la Generalitat. Aquellos importes se encuentran en el punto de mira por la posible comisión de un delito de malversación.
Según revela El Confidencial, la Fiscalía ha respondido afirmativamente a una petición de la acusación particular del partido ultraderechista Vox sobre el origen de las fianzas pagadas por las entidades soberanistas. En concreto, ve pertinente que Vox pida al Tribunal Supremo que ponga la lupa en aquellos fondos que fueron depositados en la Caixa d’Enginyers, de los que se beneficiaron, entre otros, la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el ex-presidente de la Generalitat Artur Mas.
