El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dictado una instrucción por la cual pide que se le informe en el plazo de diez días hábiles si el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha solicitado acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría alrededor de los 112.000 euros.
Esta solicitud equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, entre otras medidas, incluye su propio cese, así como el del resto del Gobierno catalán.
Si Puigdemont se acogiera al Estatuto de expresidentes, estaría reconociendo que no es el «presidente legítimo» de la Generalitat cómo se ha definido a si mismo y admitiría que su estatus ha pasado a ser el de expresidente.
La Ley del Estatuto de los expresidentes, que impulsó en su momento el expresidente Jordi Pujol, prevé que Carles Puigdemont pueda cobrar una asignación correspondiente al 80% del salario que estaba cobrando como presidente.
En el caso de Puigdemont, su sueldo público como presidente de la Generalitat ascendía a unos 140.000 euros brutos, por lo cual en el supuesto de solicitarlo y ser aceptado podría tener derecho a percibir una asignación aproximada de 112.000 euros anuales, algo más de 9.000 euros sucios al mes.
